El Gobierno trabaja en una reforma "puntual" de la Ley de Propiedad Intelectual

El anuncio de la reforma llega tras conocerse que, de las 363 solicitudes tramitadas con motivo de la puesta en marcha, hace un año, de la que se conoce como Ley Sinde Wert, 272 han sido archivadas mientras que sólo 34 páginas Web han retirado de forma voluntaria los contenidos. Teresa Lizaranzu, directora general de Políticas e Industrias Culturales y del Libro y presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual por delegación del secretario de Estado de Cultura, ha asegurado que está satisfecha con los resultados. “La Comisión es un engranaje en la defensa de los derechos de propiedad intelectual”, ha explicado Teresa Lizaranzu.

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es, en opinión de Teresa Lizaranzu, “un procedimiento pionero, innovador y con garantía para las partes. Mantenemos el modelo porque pensamos que es más efectivo actuar sobre la oferta ilegal que sobre los usuarios”.

A priori, la reforma “puntual del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, no conllevará grandes cambios. “Queremos crear un tablón de edictos digital para notificar a las páginas Web que se encuentran alojadas en el extranjero. La mayor parte de la oferta de contenidos ilegales se sitúa fuera de nuestras fronteras, de ahí que sea necesario establecer sistemas ágiles que nos permitan hacerles llegar nuestras notificaciones. También vemos necesario que una solicitud presentada ante la Comisión pueda incluir un mayor número de obras, frente al actual de una solicitud por obra”.

Asimismo, Teresa Lizaranzu ha señalado que con esta reforma el Gobierno quiere trabajar en tres frentes. “El primero es el de las garantías. Existen diversas vías judiciales en esta línea de defensa de los derechos de la propiedad intelectual, tanto administrativa, como civil y penal. La Comisión de Propiedad Intelectual es la competente en la vía administrativa y actúa como engranaje de todo el sistema de protección a la propiedad intelectual, pero es sólo una parte”.

El segundo frente es ampliar la oferta legal, “el año pasado hemos dado 5,3 millones de euros en ayudas para la creación y difusión de esta oferta cultural legal en Internet, y estamos prestando todo el apoyo institucional posible”, mientras que el tercero se centra en la concienciación social.