El canal, posible perjudicado de una reciente decisión del Tribunal de la Competencia

Los representantes de los distribuidores informáticos de Villena presentaron una queja ante el Tribunal de Defensa de la Competencia al considerar que el hecho de que varias instituciones vendieran ordenadores de más de 200.000 pesetas a un precio de 58.000 suponía una competencia desleal. Sin embargo, el alto tribunal ha sobreseído la denuncia, lo que puede sentar un precedente perjudicial para el canal.

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Villena presentó ante el Tribunal de Defensa de la Competencia una denuncia al considerar que la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de su localidad, la Fundación OVSI e IBM estaban llevando a cabo una práctica de competencia desleal, ya que permitían, a todos aquellos usuarios que quisieran sumarse al proyecto Infoville, adquirir equipamiento informático a un coste más económico del marcado por el mercado.
Según el alto tribunal, todas las entidades participantes carecen de ánimo de lucro en este asunto y “han actuado con un claro interés público, como es el desarrollo de la Sociedad de la Información, encomendado por la Unión Europea, generalizando y facilitando el uso de las telecomunicaciones y, en concreto, la utilización de equipos informáticos por parte de los ciudadanos de Villena”.
Cabe señalar que, desde que se empezara a implantar este proyecto Infoville, en 1996, han sido cerca de 10.300 los hogares y 2.014 las empresas que se han sumado a la iniciativa, según recoge el diario económico Cinco Días.
Puestos en contacto con la asociación empresarial de esta localidad levantina, Eva Tomás, técnico de comercio de la misma, ha asegurado que la carta enviada a los vecinos para que estos se acogieran al plan Infoville “motivó que se anularan numerosos encargos y peticiones de equipos informáticos realizados durante la Campaña de Navidad a las empresas informáticas de la ciudad y dio lugar a la presentación de la denuncia el 11 de enero de 2000”. En la mencionada misiva, y siempre según los datos facilitados por Eva Tomás, se ofrecía “actualizar los equipos informáticos (sustitución de un Pentium 100 por un IBM GL-300 Pentium III a 500 MHz, con 64 MB de RAM y 10,1 GB de disco duro) por el precio de 58.000 pesetas si entregaban la solicitud antes del 31 de diciembre de dicho año. Este equipo nuevo está valorado en 226.200 pesetas según el proveedor Ingram Micro, consultado por la denunciante. A esta oferta hay que añadirle la de los faxmodems de la marca U.S. Robotics de 56 Kbps a un precio de 1.500 pesetas lo que supone una décima parte de su valor”.
Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la competencia considera que la Fundación OVSI no busca una remuneración económica por el cambio de los equipos, sino que el intercambio se lleva a cabo mediante una cuota de participación documentada en la que usuario y organismo asumen unos derechos y obligaciones. Así, el usuario tenía la obligación de emplear, cuando menos, cuatro veces al día su PC. Aunque el tribunal reconoce que el precio fijado por OVSI es inferior al del mercado, considera que esta situación es “consecuencia de las subvenciones que recibe para el proyecto Infoville”. Dado que “las ayudas públicas no son constitutivas de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia”, el Tribunal ha ordenado el sobreseimiento de la sentencia.
Cabe señalar, por último, que la Asociación de Comerciantes, junto con los empresarios de informática, ha manifestado a Dealer World News que aceptan la decisión, que desde sus inicios “preveían”, por lo que no piensan presentar recurso alguno.


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