El canal pirata indemnizó a Microsoft con más de 400.000 euros en 2008

Microsoft continúa con su lucha contra el software ilegal. A pesar de que, tal y como aseguró hace unos días Txema Arnedo, director de desarrollo de propiedad intelectual de Microsoft, la piratería en el canal ha descendido, todavía sigue presente. Y como tal, la firma se encuentra tomando acciones para erradicar la misma. Así, Según la multinacional, la suma total de todos los acuerdos extrajudiciales alcanzados el año pasado asciende a 426.000 euros.

Actualmente Microsoft  tiene 70 casos abiertos, de los que 17 comenzaron en 2008, y ha llegado a 25 acuerdos extrajudiciales. En estos, además de que el distribuidor tiene que compensar a Microsoft por los “grandes daños causados”, también se tiene que comprometer a cambiar su política y cesar las actividades ilegales.

Si no se alcanza un acuerdo, el proceso judicial sigue su curso. Así, en 2008 los tribunales españoles fallaron seis sentencias a favor de Microsoft, cuyo resultado ha sido la “imposición de penas de cárcel, que conllevan antecedentes penales para los condenados, multas e indemnizaciones”.

Según palabras de Txema Arnedo, “mediante acciones legales consistentes y fuertes contra distribuidores ilegales estamos ayudando mantener un entorno competitivo justo del que se benefician los distribuidores legales. Más del 98 por ciento de las ventas de Microsoft se realizan a través del canal de distribución y nos sentimos responsables de proteger esta relación de mutuo beneficio. Microsoft colabora con las autoridades policiales y judiciales en España y en todo el mundo, así como con  organizaciones de fabricantes, como BSA, y distribuidores para perseguir y denunciar la distribución ilegal de nuestros productos”.

Estos son sólo algunos resultados del Plan de Protección del Cliente de Windows, una iniciativa de Microsoft a nivel mundial para combatir el uso y distribución de software ilegal está basada en tres pilares estratégicos. El primero de ellos es la formación, tanto al cliente como al distribuidor, y para ello colabora con organismos como BSA, AETIC o ADETI; el segundo se centra en la innovación tecnológica, incorporando a sus productos tecnologías que informen de que éste es ilegal o antifalsificación; y, la última, “y que utilizamos en última instancia”, consiste en la acción legal.