Contenidos digitales | Noticias | 26 ABR 2012

La Casa Blanca se opone al Congreso por la privacidad de las comunicaciones en Internet

El Congreso de Estados Unidos está preparando el debate de la controvertida ley CIPSA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) mientras siguen las muestras de rechazo, entre las que destacan tanto la de la Casa Blanca como la del Centro para la Democracia y la Tecnología.
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La CIPSA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) sigue adelante en su proceso parlamentario en Estados Unidos pese a los movimientos de oposición con los que se ha reiterado de acuerdo en las últimas horas la Casa Blanca, por boca del propio Barack Obama.

De hecho, la White House Office of Management and Budget ha recomendado al presidente que vete la ley en caso de que salga adelante tras su paso por el Congreso y el Senado.

Quien se ha vuelto a manifestar contrario ha sido el Centro para Democracia y Tecnología (CDT), pese a que al inicio de la semana había manifestado que cabía la posibilidad de que no se opusiera a la ley. Pero el rechazo de las dos enmiendas propuestas ha acabado por volver a inclinar la balanza hacia el voto contrario a la proposición de ley.

Una de las enmiendas rechazadas es la que proponía limitar a las compañías privadas, como los proveedores de internet, compartir información de ciberamenazas con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y otras agencias cercanas que usan información para propósitos no relacionados con la ciberseguridad, ha señalado en un comunicado el CDT.

Tal cual está redactada la proposición de ley, ésta permite compartir información sobre ciberamenazas entre empresas y agencias gubernamentales sin que para ello tengan que establecer ningún requisito que permita minimizar o proteger información personal de los usuarios, lo que abre la puerta a permitir espiar comunicaciones privadas en base a la defensa contra el terrorismo, dejando en manos del Gobierno y las agencias gubernamentales la decisión de si es pertinente o no investigar datos privados.

En su comunicado, la Casa Blanca señala que “la Administración está comprometida con el aumento de los intercambios de la información pública y privada en el marco de las amenazas de ciberseguridad, como parte esencial de una legislación exhaustiva para defender los sistemas de información vitales y la infraestructura crítica”, si bien matiza que ésta "ha de llevarse a cabo de manera que preserve la privacidad, la confidencialidad de los datos y las libertades civiles de los estadounidenses", y hace hincapié en que se "reconoce la naturaleza civil del ciberespacio" y que "la ciberseguridad y la privacidad no son mutuamente excluyentes".

Asimismo, el comunicado señala que, "sin unas protecciones legales claras y sin una supervisión independiente, la legislación sobre el intercambio de información minaría la confianza de la sociedad en el Gobierno y en Internet", por lo que "el Ejecutivo considera que una agencia civil ha de tener un papel central en la ciberseguridad nacional, incluida la supervisión e intercambio de información en este sentido con el sector privado y otras agencias federales".



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