Contenidos digitales | Artículos | 15 JUN 2002

"El problema de la piratería es que es un delito socialmente aceptado"

Jordi Pons, presidente de BSA España
Yolanda Sánchez.
Si en un plazo de tres años el índice de piratería en Europa fuera equivalente a la piratería de EE.UU. se crearían un total de 44.000 nuevos puestos de trabajo. Este dato, elaborado por PricewaterhouseCoopers, fue uno de los que señaló Jordi Pons, presidente de BSA España, en la presentación del Estudio Anual sobre Piratería de Programas Informáticos.

Así, partiendo de esta premisa, y dando razones de por qué la piratería del software no es una buena solución, se hizo público el Séptimo Estudio Anual sobre Piratería de Programas Informáticos. Según estos datos, la piratería sigue aumentando por segundo año consecutivo, a nivel global pasando del 37 por ciento en 2000 al 40 por ciento en 2001. Más concretamente, el índice de piratería en Europa Occidental aumentó un 3 por ciento el pasado año, situándose en el 37 por ciento, con unas pérdidas de casi 2.700 millones de dólares para la industria del software.
Cabe destacar que las pérdidas económicas globales por este mal uso significan un 6,7 por ciento menos con respecto al año anterior. Aunque el dato pudiera parecer contradictorio, su causa apunta a la fortaleza del dólar y la propia tendencia a la baja en el precio del software.
Como todo este baile de números puede que no deje una visión real y clara de la problemática de esta práctica, podemos señalar que en la realidad esto se traduce en que, en esta zona, 1 de cada 3 aplicaciones es una copia ilegal.
En este mundo del software ilegal, las PYMES representan el mayor problema, ya que, especialmente en nuestro país, este tipo de empresas llegan a manejar un 75 por ciento de software ilegal. “Normalmente no nos preocupamos del pirateo doméstico, ya que no hacen un uso lucrativo de las copias ilegales que utilizan. Por su parte, las grandes empresas pueden incurrir en este tipo de práctica ilegal pero, normalmente, están más concienciadas. En cambio, las PYMES continúan utilizando este tipo de software de manera masiva y es ahí donde vamos a centrar nuestras actuaciones”, advirtió Jordi Pons, presidente de BSA España.

España, en el vagón de cola
Según la BSA, España es el segundo país de Europa Occidental con mayor índice de delito informático, siendo sólo superado por Grecia. El 49 por ciento del software que se utilizó en España durante el año 2001 tuvo un origen ilegal, lo que se traduce en unas pérdidas de más de 107 millones de dólares para la industria tecnológica local.
Así, y según los datos que maneja SEDISI, a los ritmos de crecimiento actuales, y en lo que a desarrollo tecnológico se refiere, nos encontramos a 12 años de distancia con respecto a los países de la UE, a 30 años de los países europeos más avanzados y a 50 años de Estados Unidos.
“Nuestra actividad se centrará en España en el sector de las PYMES. Además de hacer un seguimiento de sus actividades, intentaremos llevar a cabo una labor educativa en la que el objetivo es hacer entender a la pequeña empresa la necesidad de trabajar con software original”, aseguró el portavoz. En este sector, el principal argumento a la hora de copiar software es el elevado precio de estos programas, pero “la realidad es que se trata de un delito socialmente aceptado. A nadie se le ocurriría robar en una tienda algo porque su precio es alto, simplemente se adquiere o no se adquiere”, afirmó el portavoz.

La piratería en el canal
La archiconocida Operación Galeón es un ejemplo de las acciones que se han llevado a cabo para la concienciación. Esta propaganda se ha realizado a través de un envío masivo de 21.000 mensajes de correo electrónico dirigidos a los miembros del canal de distribución y, aunque ya tiene una larga andadura, BSA ha asegurado que hará un muy intenso seguimiento de ahora en adelante.
La obtención de la información que inculpa a un distribuidor se basa en una denuncia. “Como ya viene siendo habitual, el canal de distribución se está volviendo cada vez más competitivo y son los mismos los que no dudan en denunciarse entre sí”. Cuando se recibe una información de este tipo, lo primero que hace BSA es certificar que esto sea cierto y, para ello, se envía al “comprador misterioso”. Este agente es un perito autorizado, miembro bien de BSA o de la policía, que se hace pasar por un cliente e investiga si entre las técnicas de venta de este distribuidor se incluye la oferta de software ilegal. Una vez que se obtiene esta información, se el transmite a la policía que hace una entrada y registro del local del distribuidor. Sólo durante el pasado año se han efectuado en España 28 registros indiscriminadamente en todo el territorio español y todos ellos han resultado positivos.
Las penas relacionadas el atentado contra la propiedad intelectual del software pueden suponer, en nuestro país, desde 210.000 euros de multa hasta 4 años de cárcel. “Aunque la actividad es enorme en este segmento, somos conscientes de que sólo es el principio y, de hecho, tenemos un grueso de denuncias enormes”. Según las impresiones del responsable, y aunque no hay estudios al respecto, si el índice de piratería en España es del 49 por ciento en términos generales, “yo me atrevería a decir que en el canal de distribución puede ser de un 70 por ciento”.
La comparación con el Norte de Europa en esta materia revela que, al igual que al hablar de piratería en términos generales, los distribuidores del Norte son más responsables que los del Sur de Europa que obstenta, con mucho, los mayores índices de ventas piratas.
“Si yo pudiera hablar a un distribuidor de TI directamente trataría de explicarle porqué debería ser el primer interesado en que se utilice software legal, ya que las variaciones en el mercado tecnológico tienen efecto directo en él y en sus ganancias. El beneficio de la venta legal más inmediata es no cometer un delito y, en segundo lugar, si se lograra reducir el índice de piratería de software a cero, el mundo del software se vería beneficiado en empleos y beneficios y, con él, el propio distribuidor”, auguró Jordi Pons.
Aunque esta situación ideal difícilmente se va a dar en un espacio breve de tiempo, cabe recordar que países como Inglaterra tienen menos de la mitad de software ilegal que nosotros y en EE.UU. representa un 25 por ciento. “De todos modos, yo estimo que necesitamos, al menos, el paso de una generación más para que nuestros usuarios asimilen que la piratería es un delito como cualquier otro y para que se vuelvan lo suficientemente exigentes para que soliciten, en cada compra, unas garantías y servicios a sus proveedores y fabricantes”.


Beneficios del software legal
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- Garantiza el correcto funcionamiento y ofrece una mayor seguridad
- Se elimina prácticamente la posibilidad de entradas de virus
- El soporte, servicio y asistencia técnica se materializan por la correcta instalación del mismo
- Completa y correcta documentación
- Cursos de formación para usuarios
- Actualización de versiones con un mínimo coste

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