Legislación
Telecomunicaciones

Todos los españoles deberán tener una conexión de 100 Mbps según la Ley General de Telecomunicaciones

La nueva ley, aprobada por el Congreso de Diputados tras el visto bueno del Gobierno el año pasado, traspone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

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Acceso universal a internet a una velocidad mínima de 100 Mbps para 2023. Ésta es una de las novedades normativas que trae la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que fue aprobada este jueves por el Congreso de Diputados y que traspone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas de 2018.

La normativa, que incluye temas como la conexión universal y la portabilidad, tiene como objetivo regular las telecomunicaciones, como la instalación y explotación de redes, la prestación de los servicios, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación. 

Tras sufrir algunas modificaciones desde que el anteproyecto fue aprobado por el Gobierno el año pasado, la nueva ley incluye un incremento del mínimo de velocidad para el acceso a internet, 100 Mbps, para el total de la población española en el plazo de un año, y no para 2025 como se establecía inicialmente. 

La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) celebró la aprobación de la ley y las mejoras que ésta incluye al entorno de las telecomunicaciones, sobre todo aquellas dirigidas a agilizar los permisos de despliegue y a la mejor coordinación entre administraciones públicas.

La nueva LGTel será fundamental para la consolidación de España como un país puntero en conectividad de alta y muy alta capacidad y, en última instancia, para el fomento de una recuperación económica apoyada en la digitalización”, dice la asociación.

Señala que la nueva normativa sigue en la línea de la anterior, cuyo impacto ha sido positivo para el mercado español de las telecomunicaciones. “No en vano, las redes de comunicaciones electrónicas que hacen posible la conectividad constituyen una de las grandes ventajas competitivas de España ante el creciente peso de la digitalización sobre el desarrollo estratégico de los territorios”, añade.

“Sobre esa base, se espera que la nueva ley traiga mejoras en lo respectivo al impulso de la inversión en redes, profundiza en la eliminación de las barreras a los despliegues y la dotación de una mayor seguridad jurídica al sector, en un contexto de fuerte convergencia y proliferación de nuevos servicios digitales”, sostiene, y destaca que España avanza en la creación de un marco jurídico que incentive la inversión y la innovación.

No obstante, debido al retraso en la transposición del código europeo, DigitalES advierte de la conveniencia de ampliar algunos de los plazos establecidos en la ley para dar tiempo a las operadoras de adecuarse a la normativa, como por ejemplo, en la adaptación de los contratos de los consumidores. 

Asimismo, llama a reforzar la difusión de la nueva ley para que ésta se implemente de forma ágil y homogénea, e insta al Gobierno “a seguir dando pasos hacia un level playing field. Esto es, un marco jurídico que contemple de manera más directa y con las mismas obligaciones a todos los actores que presten los mismos servicios en el ecosistema digital”.



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