La factura electrónica avanza, pero…

La factura electrónica avanza en España. Lo hace como esa compañía de autobuses que ha pasado por distintas denominaciones hasta llegar a la actual, y cuyos vehículos seguro que los más talluditos han/hemos conocido, y bien.

Qué viajes aquellos, ¿verdad? No los de ahora, con asientos cómodos y reclinables, aire acondicionado, e incluso posibilidad de disfrutar de opciones multimedia y catering según el precio del billete. Antes… Así hemos salido de curtidos. ¿O no? A Noé le van a hablar de la lluvia.

Pues sí, la factura electrónica avanza en España, pero como decía Claudio Ranieri en sus primeras ruedas de prensa al frente del Atleti —Atlético de Madrid— cuando le preguntaban por el estado del equipo, manca un attimo (falta un poco). Nunca se sabrá qué hubiera pasado de haberlo conseguido, porque Gil padre —Jesús Gil— lo cesó, y el Atleti —entorno aparte— se fue caminito de segunda división. Pero, sí, a la factura electrónica aún le queda un trecho para que se pueda hablar de su completa implantación en este país.

Si bien es cierto que, en la actualidad, sólo es obligatoria —desde 2015— en el ámbito de la Administración Pública para las empresas que trabajan con ella, no son pocas —cada vez más, se podría decir— las que ya trabajan con este tipo de factura. No obstante, y por lo pronto, a partir del segundo semestre de 2023 la factura electrónica será obligatoria para aquellas empresas que facturen más de ocho millones de euros anuales. En el caso de las micropymes y autónomos, el plazo se ampliará dos años más, hasta finales de 2025.

Así que es buen momento para conocer qué ventajas tiene y qué beneficios ofrece. Una lectura que recomendamos, como siempre, pero más a las empresas que aún no han dado el paso, o se resisten a darlo.

El estado actual de las cosas

¿En qué punto se encuentra actualmente la Ley de facturación electrónica en España? Insistimos en el dato —por insistir, que no quede—: las compañías con más de ocho millones de facturación serán las primeras en estar obligadas a emitir facturas electrónicas entre sí. Mientras, muchas empresas y autónomos se preguntan qué va a pasar con la factura electrónica en España, si va a ser algo obligatorio, qué tiempo van a tener para adaptarse, y, sobre todo, cuánto va a costar. Esto, grosso modo.

“En realidad, existen dos normativas en fase de tramitación que afectarán a los procesos de facturación de las empresas españolas en los próximos años, y que pueden ser desconocidas por la mayoría de ellas”, reconoce Èlia Urgell, Accounting, Tax & Invoicing Product manager Wolters Kluwer Tax & Accounting España.

Por un lado, expone aquella especialista, está la Ley de Creación y Crecimiento de empresas, también denominada Ley Crea y Crece, cuyo objetivo principal es evitar la morosidad, “y que, entre otras medidas, obligará a emitir facturas electrónicas entre empresarios y profesionales”. Por otro, la otra normativa que afecta a la facturación, todavía más desconocida para la mayoría de las empresas, y que con toda probabilidad entrará antes en vigor —explica también Èlia Urgell—, es el desarrollo reglamentario de la Ley 11/2021, de 9 de julio, contra el fraude fiscal, “que obligará a las empresas a utilizar un software de facturación homologado por la Agencia Tributaria y generar un registro de facturación para cada factura expedida, además de ofrecer la posibilidad de enviar dichos registros a la Administración tributaria”.

“En ambos casos son dos grandes normativas que fomentarán la digitalización de las pymes españolas sujetas ya a este proceso imparable de transformación digital acelerado tras la pandemia y cuyo objetivo es evitar el fraude fiscal y la morosidad”, apostilla.

De todas formas, aquella especialista de Wolters Kluwers es consciente de que la digitalización posicionará y mejorará la competitividad de las pymes tanto en el mercado empresarial español como en el mapa europeo e internacional, “pero también acercará al contribuyente a la Administración tributaria, que cada vez dispondrá de más información en tiempo real”.

Fecha tope: 2025…

Esto es lo mismo que aquello de que viene el coco —en el norte de la actual Bélgica y tierras aledañas, muy flamencos ellos, asustan a los infantes con que viene el duque de Alba. No comment, que decía un entrenador galés de fútbol—. La fecha tope es 2025.  ¿Lo saben las empresas y autónomos de este país? “Quizá, sí. ¿Les preocupa? Estoy convencido de que todavía, no”, argumenta Pablo Couso, director comercial de Datisa. En su opinión, esto no supone una inquietud para este tipo de organizaciones. “Si bien es cierto que ya hay muchas pymes con un nivel de madurez digital importante, hay otras muchas que, siguen varadas en iniciativas de transformación que no acaban de despegar. La implementación de la factura electrónica forma parte de ese proceso de digitalización del que tantas veces hablamos, no solo los proveedores tecnológicos. También las instituciones públicas y las asociaciones empresariales”.

En consecuencia, y en opinión de aquel especialista de Datisa, es importante que las pequeñas y medianas empresas hagan ese cambio de mentalidad necesario para entender la digitalización como la “normalización” del uso de la tecnología no solo en procesos administrativos o rutinarios, sino en funciones core del negocio. “Es decir, que la digitalización sea algo consustancial a la forma en la que entendemos y desarrollamos los negocios. Algo tangencial, que impacte sobre el conjunto de la organización. Y no tanto, como algo parcial, que se implemente por partes”, prosigue.

Puede leer aquí el resto del reportaje.