Piratería de software, ¿está el canal libre de pecado?
El canal de distribución se ha convertido en los últimos meses en uno de los nichos en los que la piratería de software “campa” a sus anchas. Con el propósito de reducir estas prácticas y de concienciar a los distribuidores sobre los inconvenientes del software ilegal, BSA se ha puesto en contacto con más de 10.000 distribuidores informáticos.
Bajo el lema “Ser legal: Responsabilidad de todos”, esta campaña, que ya se inició el pasado mes de diciembre con el objetivo de concienciar al usuario final, contempla la distribución de un folleto informativo, que se adjunta en las páginas de diarios o a través de banners en algunos de los principales medios de comunicación on-line.
El problema de la piratería en el canal es un hecho que reflejan las cifras. Casi un 40 por ciento de los distribuidores ofrece a sus clientes la posibilidad de abaratar los precios finales gracias a la adquisición de copias ilegales de programas informáticos. “Es importante que ellos mismos se den cuenta del daño que están haciendo a su sector, ya que estas prácticas canibalizan su negocio”, explica Luis Frutos, presidente del comité español de BSA, quien ha destacado que “se trata de un proceso a largo plazo en el que tenemos que trabajar, de forma constante, tanto los fabricantes como el canal”.
En relación a la posibilidad de poner en marcha otro tipo de acciones de este corte de cara a prevenir acciones delictivas que no hacen sino desprestigiar al canal y hacer reducir sus márgenes, Frutos ha adelantado que “esta iniciativa se inscribe dentro de una estrategia de comunicación con el canal para la que se prevén diferentes acciones y acercamientos”. Ello no implica que BSA no mantenga su política de denuncias de los casos de piratería de software de los que tenga conocimiento. Un dato: a lo largo del pasado año, se efectuaron un total de 32 registros en compañías pertenecientes al canal de distribución informático.
Evolución de la piratería informática
Según el último estudio global sobre piratería de software, presentado el pasado mes de junio, en España el índice de piratería se ha reducido dos puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior, situándose en el 47 por ciento. Asimismo, las pérdidas económicas se sitúan en 97 millones de dólares. En lo que se refiere a la evolución de la piratería informática, España ha reducido su índice en 30 puntos porcentuales desde la elaboración del primer informe en 1994. Pese a estas mejoras, España no sólo sigue siendo el segundo país de Europa Occidental con mayor índice de delito informático, sólo superado por Grecia, sino que, además, continúa 12 puntos por encima de la media europea.
En España, el Ordenamiento Jurídico tipifica dentro del ámbito Penal como delitos las infracciones contra la Propiedad Intelectual del software, y se prevén penas de privación de libertad de hasta cuatro años, hasta cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas de hasta 216.000 euros.
Contra las cuerdas
Microsoft también ha puesto en marcha una iniciativa contra la piratería con el fin de visitar a los minoristas de este país y “no perseguirles, sino educarles sobre los beneficios del software legal y hacerles ver los efectos negativos que para todos, incluidos ellos, tiene esta práctica”, según Emilio Quiroga, responsable de software legal en Microsoft.
En este sentido, y pese a esta campaña activada en solitario por el fabricante, BSA no tiene previsto activar ningún tipo de iniciativa, de forma conjunta, con éste ni con ningún otro fabricante. El presidente del comité español de BSA hace alusión a las causas. “BSA agrupa a los principales fabricantes de software locales e internacionales. Desde ese punto de vista, nuestras acciones no van a apoyar la estrategia específica de ninguno de nuestros miembros en concreto, sino que buscarán el interés común de la industria”.
Bajo el lema “Ser legal: Responsabilidad de todos”, esta campaña, que ya se inició el pasado mes de diciembre con el objetivo de concienciar al usuario final, contempla la distribución de un folleto informativo, que se adjunta en las páginas de diarios o a través de banners en algunos de los principales medios de comunicación on-line.
El problema de la piratería en el canal es un hecho que reflejan las cifras. Casi un 40 por ciento de los distribuidores ofrece a sus clientes la posibilidad de abaratar los precios finales gracias a la adquisición de copias ilegales de programas informáticos. “Es importante que ellos mismos se den cuenta del daño que están haciendo a su sector, ya que estas prácticas canibalizan su negocio”, explica Luis Frutos, presidente del comité español de BSA, quien ha destacado que “se trata de un proceso a largo plazo en el que tenemos que trabajar, de forma constante, tanto los fabricantes como el canal”.
En relación a la posibilidad de poner en marcha otro tipo de acciones de este corte de cara a prevenir acciones delictivas que no hacen sino desprestigiar al canal y hacer reducir sus márgenes, Frutos ha adelantado que “esta iniciativa se inscribe dentro de una estrategia de comunicación con el canal para la que se prevén diferentes acciones y acercamientos”. Ello no implica que BSA no mantenga su política de denuncias de los casos de piratería de software de los que tenga conocimiento. Un dato: a lo largo del pasado año, se efectuaron un total de 32 registros en compañías pertenecientes al canal de distribución informático.
Evolución de la piratería informática
Según el último estudio global sobre piratería de software, presentado el pasado mes de junio, en España el índice de piratería se ha reducido dos puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior, situándose en el 47 por ciento. Asimismo, las pérdidas económicas se sitúan en 97 millones de dólares. En lo que se refiere a la evolución de la piratería informática, España ha reducido su índice en 30 puntos porcentuales desde la elaboración del primer informe en 1994. Pese a estas mejoras, España no sólo sigue siendo el segundo país de Europa Occidental con mayor índice de delito informático, sólo superado por Grecia, sino que, además, continúa 12 puntos por encima de la media europea.
En España, el Ordenamiento Jurídico tipifica dentro del ámbito Penal como delitos las infracciones contra la Propiedad Intelectual del software, y se prevén penas de privación de libertad de hasta cuatro años, hasta cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas de hasta 216.000 euros.
Contra las cuerdas
Microsoft también ha puesto en marcha una iniciativa contra la piratería con el fin de visitar a los minoristas de este país y “no perseguirles, sino educarles sobre los beneficios del software legal y hacerles ver los efectos negativos que para todos, incluidos ellos, tiene esta práctica”, según Emilio Quiroga, responsable de software legal en Microsoft.
En este sentido, y pese a esta campaña activada en solitario por el fabricante, BSA no tiene previsto activar ningún tipo de iniciativa, de forma conjunta, con éste ni con ningún otro fabricante. El presidente del comité español de BSA hace alusión a las causas. “BSA agrupa a los principales fabricantes de software locales e internacionales. Desde ese punto de vista, nuestras acciones no van a apoyar la estrategia específica de ninguno de nuestros miembros en concreto, sino que buscarán el interés común de la industria”.
