DISTRIBUCIÓN | Artículos | 01 FEB 1998

Piratería: canal y fabricantes por un software legal

Ocupar los primeros puestos en una clasificación suele significar un triunfo para cualquier país, sin embargo, el puesto de cabeza que ocupa España en el ranking de la piratería informática no es nada que merezca honores, sino más bien todo lo contrario.

Nuestro país se encuentra a la cabeza de la triste lista de países en los que el delito informático es una realidad frecuente. En concreto, el índice español se cifraba en el año 96 en un 65 por ciento, superado únicamente por dos países del grupo de Europa Occidental, Grecia con el 78 por ciento e Irlanda con el 70 por ciento. Si se toma en cuenta que la media europea está establecida en un 43 por ciento, nuestro país supera la misma ni más ni menos que en 22 puntos.

Si se trasladan estas cifras al ámbito económico, se destaca que la copia y el uso ilegal de programas de ordenador está provocando en nuestro país unas pérdidas anuales de 22.000 millones de pesetas, que se reparten entre los fabricantes de software y la industria de la distribución. En Europa, esta cifra crece hasta los 600.000 millones.

Como datos más flagrantes, los organismos responsables de la lucha contra el pirateo informático indican que la copia ilegal de programas supone que cada año se dejen de generar miles de empleos, y que la Hacienda Pública deje de ingresar decenas de miles de millones de pesetas en concepto de impuestos.

La BSA (Business Software Alliance) junto con SEDISI son los principales abanderados en la lucha contra la piratería informática en España. En los años que esta organización lleva trabajando se ha registrado un descenso importante en el índice de piratería, pues si en el año 1993 en que se iniciaron los trabajos en este sentido éste se situaba en un 88 por ciento, el 65 por ciento de 1996 supone una bajada de 23 puntos.

Cabe destacar también el apoyo que estas medidas están encontrando en el segmento de las tecnologías de la información. Desde 1995 hasta la actualidad se han recibido más de 11.500 llamadas en la línea de información y denuncias que la asociación posee (900 211 048). De este total, más de 1.300 (un 11,3 por ciento de ellas) eran denuncias en firme de compañías que utilizaban o comercializaban software ilegal, mientras que el resto se reparte entre solicitudes de información, peticiones de material y consultas de todo tipo sobre las distintas campañas.

Para facilitar estas consultas la BSA ha habilitado también una dirección Web (www.onnet.es/bsa).

Una campaña en marcha

Desde 1994 en que comenzaron las acciones de la BSA, la campaña de legalización de software ha atravesado varias fases sucesivas. En primer lugar, se inició el proyecto con una fase educativa durante 1994, a la que siguió otra centrada en aspectos tanto educativos como legales. Posteriormente, el año 1996 fue el de la búsqueda de aliados, mientras que en los últimos doce meses se incrementaron las acciones legales.

Entre los aliados mencionados más arriba cabe destacar de una forma especial el apoyo de cuerpos de seguridad como la Policía Nacional o la Guardia Civil, así como de jueces y magistrados.

En este sentido se pueden destacar los cursos desarrollados en distintas comunidades autónomas para ambos cuerpos , con el objetivo de facilitar la labor de investigación e identificación de empresas sospechosas de uso y comercialización ilegal de programas de ordenador.

Asimismo, durante el primer trimestre del año pasado se celebró el Primer Congreso Internacional de Cuerpos Policiales sobre Piratería Informática, cuya finalidad era crear un foro de debate e intercambio de experiencias entre los diferentes cuerpos policiales del mundo acerca de los procedimientos y técnicas para combatir la piratería informática. Como complemento a esta iniciativa, en noviembre de 1997 BSA y SEDISI participaron también en las II Jornadas Internacionales sobre el delito cibernético “El mundo digital y la Guardia Civil”. En este marco, Emilia Knight, vicepresidenta de BSA en Europa, señaló que “España posee una de las legislaciones más avanzadas del mundo en lo que se refiere a protección de los derechos de propiedad intelectual”. Gracias a la Ley de Protección Jurídica de Programas de Ordenador y la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, se contempla la posibilidad de que los fabricantes de programas de ordenador soliciten la realización de registros sorpresa en empresas en las que existan sospechas fundadas o evidencias de delito informático. Por otra parte, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional trabajan con el departamento de formación del Consejo del Poder Judicial de cara a organizar simposiums para jueces y expertos legales. En este sentido, Knight señaló, “los jueces y magistrados españoles están cada vez más concienciados de la trascendencia de esta forma de delito, y se muestran cada día más dispuestos a facilitar el procesamiento de los piratas informáticos”.

El canal por la legalidad

El canal informático es una de las claves en la erradicación de la piratería informática. Por esta razón, BSA y SEDISI han organizado y continúan organizando jornadas informativas de ámbito regional para distribuidores mediante el Programa Nacional para Distribuidores (PND). A través del mismo se solicita a los integrantes su compromiso de comercializar exclusivamente productos originales, así como su apoyo a los fabricantes de programas originales. De forma complementaria se pide a los integrantes del programa la promoción del uso correcto de los programas originales de ordenador entre sus clientes y la no asistencia técnica a quienes se hallen fuera de la legalidad.

En la actualidad, son ya más de mil las empresas de toda España que se han inscrito en este programa, cuyos objetivos principales responden a la defensa de los derechos de autor, la competitividad entre empresas de cara a la mejora del servicio y el producto final, y la colaboración entre organismos españoles e internacionales para la educación y asistencia legal de usuarios, fabricantes, distribuidores y concesionarios.

Asimismo, ambas asociaciones iniciaron el año pasado el Plan Autonómico contra la Piratería Informática, con acciones diversas en las comunidades en las que el índice de piratería es mayor. Para ello se busca establecer acuerdos de colaboración con asociaciones, universidades y empresas distribuidoras del sector en cada una de las comunidades autónomas, con el objetivo de promover posteriormente la regularización en las empresas y evitar así ser intervenidas por presunta piratería informática. En la actualidad acaba de culminar el plan autonómico de la comunidad de Aragón, que ha venido desarrollándose desde el 2 diciembre de 1997 al 31 de enero de 1998.

Otras acciones incluyen la participación en cursos, seminarios y foros. En este sentido se puede señalar también el Programa de Normalización Voluntaria de Software, como una forma de concienciar a la empresa de la necesidad de normalizar su situación.

Las empresas se movilizan

Además de formar parte en la BSA, las empresas, tanto fabricantes de software como compañías de distinta índole, han tomado iniciativas particulares para luchar contra la piratería. Así, por ejemplo, Adobe inició a finales del año pasado cinco pleitos contra empresas de distribución alegando la violación de las leyes comerciales y los derechos de autor.

En todos ellos se infringen normas fundamentales de piratería, como no incluir el software OEM que acompaña a los productos de hardware y venderlo por separado, vender unidades con descuento para fines educativos a clientes que no responden a este perfil, o vender copias de demostración.

Para llevar a cabo sus pesquisas, fuentes de la compañía indicaron que se analizan aquellos casos de precios inferiores al ofrecido por los distribuidores oficiales de la

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