Operación Galeón, el fin de la distribución ilegal de software
Asimismo, cabe señalar que estos registros han conllevado el inicio de investigaciones judiciales que no sólo afectan a los distribuidores, sino que se extienden a los clientes. El objetivo, según los organizadores, es poder actuar “en su defensa como consumidores y como víctimas de la estafa que contra ellos supone la comercialización de software pirata”. Juan Hidalgo, comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica, ha señalado, al hilo de esto, que “la falta de conocimiento convierte, muchas veces, a los usuarios finales en víctimas de una estafa. Los programas piratas no tienen ningún tipo de garantía, ni están acogidos a ningún servicio de atención al cliente, además de ser más sensibles a errores y entradas de virus. Con la extensión de las investigaciones a los clientes de distribuidores piratas queremos fortalecer su defensa como ciudadanos estafados".
Según los datos que maneja la BSA, la venta de software ilegal en el canal de distribución supone unas pérdidas anuales al sector de más de 30.000 millones pesetas, a lo que habría que añadir las pérdidas provocadas, como consecuencia de la piratería, en la industria de entretenimiento (videojuegos, tarjetas piratas, etcétera), la pérdida de empleos o la recesión en I+D, entre otros. Por último, cabe señalar que, de forma paralela, la Brigada de Investigación Tecnológica (B.I.T.), también tiene operativas otras acciones y métodos para luchar contra los delitos informáticos en diferentes ámbitos y sectores.