"Frente a la piratería, tenemos que defender los derechos de los partners que están haciendo las cosas bien" Emilio Quiroga, Microsoft Ibérica
De que la piratería es un problema importante para la industria del software no cabe ninguna duda, pero también es cierto que se trata de una traba para el desarrollo del mercado y un delito contra la propiedad intelectual y la Hacienda pública. Con estas ideas en mente, Microsoft ha emprendido diferentes acciones, tanto de forma conjunta con organizaciones y empresas como de forma individual, para acabar con esta lacra que padece el mercado español y que, según los datos oficiales de la BSA, se situaba en 2004 en un 44 por ciento. Para conocer más detalles de la última de las iniciativas emprendidas, Mystery Shopper, que durante este pasado mes de marzo ha visto cómo se desarrollaba la tercera fase, hemos querido conversar con Emilio Quiroga, director de software legal de Microsoft Ibérica.
Tal y como nos explicaba, “la fase uno de esta iniciativa se llevó a cabo realizando 4.330 visitas. La idea de esta visita era hacer un pequeño perfil del canal de distribución, ver quién ofrecía software ilegal y quien no, y a quién estaba vendiendo software ilegal darles una alternativa, tenderles una mano, en vez de recurrir a medidas legales”.
El resultado de aquella visita mostraba que “entre el 40 y el 44 por ciento de los distribuidores visitados estaban ofreciendo software ilegal” y se dio paso a la fase dos, que incluía “desde visitas de los promotores a los puntos de distribución hasta comunicaciones puntuales con ellos donde les mostrábamos todas las alternativas comerciales que poníamos a disposición del canal de distribución, y todas las herramientas de marketing que podíamos considerar necesarias para que no incurrieran en una venta fraudulenta de productos de Microsoft”.
Tercera fase de la iniciativa
El pasado uno de marzo se pone en marcha la tercera fase de la iniciativa, y con motivo de ello “se comunica a todo el canal que vamos a realizar este doble chequeo, y la buena noticia es que parece que el programa está siendo bien aceptado, y sólo hemos tenido que recurrir a medidas legales en el 23 por ciento de los casos”.
Esta tercera fase es la consecuencia lógica de las anteriores, “porque después de una campaña de activación comercial y de haber dado una segunda oportunidad, no creemos que tengamos que dar más alternativas a los que persisten en su situación de ilegalidad, sobre todo porque nos debemos a los partners que están funcionando de forma completamente lícita, y que ven menoscabados sus intereses”.
El año de margen dado a las empresas que no actuaban legalmente, ¿puede ser visto por los que sí trabajaban de forma legal como un agravio comparativo? Para este responsable, “el distribuidor legal debería mirar el vaso medio lleno y darse cuenta de que si hay un 23 por ciento que no ha modificado su actitud, también hay un 77 por ciento que sí ha cambiado. Nos hemos dado cuenta de que con medidas como ésta el canal de distribución tiene más información de todo lo que es la propiedad intelectual, y de las alternativas que tiene a su alcance. Al final, en todos los aspectos siempre hay un porcentaje que no quiere darse por aludido, y para salvaguardar los intereses de las empresas que trabajan de forma legal, vamos a tratar de que las medidas legales que se emprendan sean eficaces. Algún distribuidor se ha visto ya en un algún proceso penal y las consecuencias pueden reflejarse en pérdida de la libertad”.
La lectura positiva hay que hacerla pensando “en que el porcentaje se va reduciendo. Deseamos que sea cero en algún momento, pero no podemos quedarnos mano sobre mano contemplando a un canal de distribución que cada mañana se enfrenta a una situación de competencia desleal”.
Un trabajo a largo plazo
Evidentemente, en España no estamos en los niveles de piratería de países como Vietnam o China, y el objetivo es alcanzar la erradicación de este problema, pero se trata de un trabajo a largo plazo. En palabras de Emilio Quiroga, “nosotros estamos a favor de los derechos de los distribuidores que están haciendo las cosas bien. Llegar a cero sería el premio gordo, sería el éxito de transmitir al distribuidor ilegal que lo que está haciendo es ir en contra de su propio negocio. Lejos de intentar ser el defensor de la legalidad en el sector informático, queremos que el distribuidor entienda que estamos en un negocio en el que la piratería está afectando a su cuenta de resultados. Es lógico que nosotros, como parte de este mercado, no tengamos una actuación imparcial, porque nuestros intereses se están viendo afectados, pero lo que tenemos que hacer es defender los derechos de los partners que están haciendo las cosas bien. Por tanto, ¿hasta dónde nos gustaría llegar? Evidentemente hasta cero, pero nuestra intención es satisfacer los intereses de los distribuidores que se enfrentan a este problema cada mañana”.
Algunas sorpresas
Tras las primeras 4.300 visitas, el 44 por ciento de los distribuidores no trabajaba legalmente. Por este motivo, quisimos saber si este comportamiento respondía a algún tipo de perfil de empresa. Tal y como nos explicaba Emilio Quiroga, “normalmente se tiende a pensar que se trata de un distribuidor más alejado del fabricante. Pero se trata de dos conceptos diferentes, uno es el contacto y otro es el de ética empresarial. Algunos distribuidores con los que no teníamos contacto, pero que tenían ética empresarial, cuando les hemos visitado hemos visto que de ninguna de las maneras estaban vendiendo software ilegal. El tamaño del distribuidor ilegal nos hemos dado cuenta de que también es muy heterogéneo. Por tanto, no podríamos establecer un perfil del distribuidor que está vendiendo software pirata”.
Tras las primeras visitas, y una vez comprobada la situación de ilegalidad, las reacciones de los distribuidores han sido diversas. Según Emilio Quiroga, “nos hemos encontrado desde el que lo niega todo hasta los que han reconocido en ese momento que no eran conscientes de que no merece la pena hacerlo, y de que se gama mucho más y se pierde mucho menos en una actitud lícita que en una ilegal”.
El componente cultural
Muchas voces ven un componente cultural en la piratería en España, pero nuestro interlocutor estima que se trata de algo “que estamos todos obligados a cambiar por varias razones, como el perjuicio económico que nos estamos ocasionando a nosotros mismos, por la cantidad de empleos que no estamos creando o que estamos destruyendo, por los impuestos que el Estado no está percibiendo por culpa de la piratería de software, por la pérdida de competitividad frente a empresas de la Unión Europea, la mala imagen del país para las inversiones extranjeras… hasta que no nos demos cuenta de las consecuencias que tiene piratear un software, esto no va a cambiar. Por eso tenemos que ir por pasos”.
Pero, ¿quién debe encargarse de esto? “Por un lado”, indica, “los fabricantes, que tenemos una responsabilidad, pero el canal de distribución también tiene su responsabilidad cuando alguien entra en una tienda a por software ilegal. Si el consumidor quiere software ilegal, depende del distribuidor satisfacer esa demanda o no hacerlo, por lo que éste también tiene un papel fundamental en el cambio de cultura frente a la piratería. Por último, la Administración, que ha recogido el testigo a través de las asociaciones de la Industria, y, al observar la dimensión del problema, nos ha hecho saber que quiere ser parte activa en las campañas de concienciación que queremos poner en marcha para que tanto empresarios como particulares se den cuenta de que el software es un activo, un bien productivo, que nos puede permitir seguir a la cola de Europa en cuanto a productividad o estar a la cabeza”.
Esta actuación de la Administración se ha visto puesta en tela de juicio en otras ocasiones, si bien, en opinión de nuestro interlocutor, “nos han hecho saber que su intención es colaborar activamente en la creación de un cambio de tendencia que nos haga desaparecer de los puestos de cabeza de las listas de piratería de Europa”.
Asimismo, “las leyes que nos encontramos en España para proteger la propiedad intelectual no sólo son suficientes, sino que son superiores a las de otro países europeos. El problema no es la ley, ni siquiera su aplicación, pero es más un problema de conocimiento por parte de los usuarios de software ilegal de qué consecuencias puede tener, en términos legislativos, piratear software, dado que es un delito, al igual que lo es robar un coche, y como tales están tipificados en la Legislación”.
Para Microsoft, “es una situación muy desagradable, nos encantaría solucionar este problema sin tener que recurrir a los tribunales, que los empresarios se dieran cuen
El resultado de aquella visita mostraba que “entre el 40 y el 44 por ciento de los distribuidores visitados estaban ofreciendo software ilegal” y se dio paso a la fase dos, que incluía “desde visitas de los promotores a los puntos de distribución hasta comunicaciones puntuales con ellos donde les mostrábamos todas las alternativas comerciales que poníamos a disposición del canal de distribución, y todas las herramientas de marketing que podíamos considerar necesarias para que no incurrieran en una venta fraudulenta de productos de Microsoft”.
Tercera fase de la iniciativa
El pasado uno de marzo se pone en marcha la tercera fase de la iniciativa, y con motivo de ello “se comunica a todo el canal que vamos a realizar este doble chequeo, y la buena noticia es que parece que el programa está siendo bien aceptado, y sólo hemos tenido que recurrir a medidas legales en el 23 por ciento de los casos”.
Esta tercera fase es la consecuencia lógica de las anteriores, “porque después de una campaña de activación comercial y de haber dado una segunda oportunidad, no creemos que tengamos que dar más alternativas a los que persisten en su situación de ilegalidad, sobre todo porque nos debemos a los partners que están funcionando de forma completamente lícita, y que ven menoscabados sus intereses”.
El año de margen dado a las empresas que no actuaban legalmente, ¿puede ser visto por los que sí trabajaban de forma legal como un agravio comparativo? Para este responsable, “el distribuidor legal debería mirar el vaso medio lleno y darse cuenta de que si hay un 23 por ciento que no ha modificado su actitud, también hay un 77 por ciento que sí ha cambiado. Nos hemos dado cuenta de que con medidas como ésta el canal de distribución tiene más información de todo lo que es la propiedad intelectual, y de las alternativas que tiene a su alcance. Al final, en todos los aspectos siempre hay un porcentaje que no quiere darse por aludido, y para salvaguardar los intereses de las empresas que trabajan de forma legal, vamos a tratar de que las medidas legales que se emprendan sean eficaces. Algún distribuidor se ha visto ya en un algún proceso penal y las consecuencias pueden reflejarse en pérdida de la libertad”.
La lectura positiva hay que hacerla pensando “en que el porcentaje se va reduciendo. Deseamos que sea cero en algún momento, pero no podemos quedarnos mano sobre mano contemplando a un canal de distribución que cada mañana se enfrenta a una situación de competencia desleal”.
Un trabajo a largo plazo
Evidentemente, en España no estamos en los niveles de piratería de países como Vietnam o China, y el objetivo es alcanzar la erradicación de este problema, pero se trata de un trabajo a largo plazo. En palabras de Emilio Quiroga, “nosotros estamos a favor de los derechos de los distribuidores que están haciendo las cosas bien. Llegar a cero sería el premio gordo, sería el éxito de transmitir al distribuidor ilegal que lo que está haciendo es ir en contra de su propio negocio. Lejos de intentar ser el defensor de la legalidad en el sector informático, queremos que el distribuidor entienda que estamos en un negocio en el que la piratería está afectando a su cuenta de resultados. Es lógico que nosotros, como parte de este mercado, no tengamos una actuación imparcial, porque nuestros intereses se están viendo afectados, pero lo que tenemos que hacer es defender los derechos de los partners que están haciendo las cosas bien. Por tanto, ¿hasta dónde nos gustaría llegar? Evidentemente hasta cero, pero nuestra intención es satisfacer los intereses de los distribuidores que se enfrentan a este problema cada mañana”.
Algunas sorpresas
Tras las primeras 4.300 visitas, el 44 por ciento de los distribuidores no trabajaba legalmente. Por este motivo, quisimos saber si este comportamiento respondía a algún tipo de perfil de empresa. Tal y como nos explicaba Emilio Quiroga, “normalmente se tiende a pensar que se trata de un distribuidor más alejado del fabricante. Pero se trata de dos conceptos diferentes, uno es el contacto y otro es el de ética empresarial. Algunos distribuidores con los que no teníamos contacto, pero que tenían ética empresarial, cuando les hemos visitado hemos visto que de ninguna de las maneras estaban vendiendo software ilegal. El tamaño del distribuidor ilegal nos hemos dado cuenta de que también es muy heterogéneo. Por tanto, no podríamos establecer un perfil del distribuidor que está vendiendo software pirata”.
Tras las primeras visitas, y una vez comprobada la situación de ilegalidad, las reacciones de los distribuidores han sido diversas. Según Emilio Quiroga, “nos hemos encontrado desde el que lo niega todo hasta los que han reconocido en ese momento que no eran conscientes de que no merece la pena hacerlo, y de que se gama mucho más y se pierde mucho menos en una actitud lícita que en una ilegal”.
El componente cultural
Muchas voces ven un componente cultural en la piratería en España, pero nuestro interlocutor estima que se trata de algo “que estamos todos obligados a cambiar por varias razones, como el perjuicio económico que nos estamos ocasionando a nosotros mismos, por la cantidad de empleos que no estamos creando o que estamos destruyendo, por los impuestos que el Estado no está percibiendo por culpa de la piratería de software, por la pérdida de competitividad frente a empresas de la Unión Europea, la mala imagen del país para las inversiones extranjeras… hasta que no nos demos cuenta de las consecuencias que tiene piratear un software, esto no va a cambiar. Por eso tenemos que ir por pasos”.
Pero, ¿quién debe encargarse de esto? “Por un lado”, indica, “los fabricantes, que tenemos una responsabilidad, pero el canal de distribución también tiene su responsabilidad cuando alguien entra en una tienda a por software ilegal. Si el consumidor quiere software ilegal, depende del distribuidor satisfacer esa demanda o no hacerlo, por lo que éste también tiene un papel fundamental en el cambio de cultura frente a la piratería. Por último, la Administración, que ha recogido el testigo a través de las asociaciones de la Industria, y, al observar la dimensión del problema, nos ha hecho saber que quiere ser parte activa en las campañas de concienciación que queremos poner en marcha para que tanto empresarios como particulares se den cuenta de que el software es un activo, un bien productivo, que nos puede permitir seguir a la cola de Europa en cuanto a productividad o estar a la cabeza”.
Esta actuación de la Administración se ha visto puesta en tela de juicio en otras ocasiones, si bien, en opinión de nuestro interlocutor, “nos han hecho saber que su intención es colaborar activamente en la creación de un cambio de tendencia que nos haga desaparecer de los puestos de cabeza de las listas de piratería de Europa”.
Asimismo, “las leyes que nos encontramos en España para proteger la propiedad intelectual no sólo son suficientes, sino que son superiores a las de otro países europeos. El problema no es la ley, ni siquiera su aplicación, pero es más un problema de conocimiento por parte de los usuarios de software ilegal de qué consecuencias puede tener, en términos legislativos, piratear software, dado que es un delito, al igual que lo es robar un coche, y como tales están tipificados en la Legislación”.
Para Microsoft, “es una situación muy desagradable, nos encantaría solucionar este problema sin tener que recurrir a los tribunales, que los empresarios se dieran cuen
