DISTRIBUCIÓN | Noticias | 13 SEP 2002

El canal de distribución, a la cabeza en piratería

Un total de 54 acciones legales son las que ha realizado la BSA en lo que va de año contra empresas del canal de distribución que atentan contra la propiedad intelectual del software en la primera mitad de 2002.
Bárbara Madariaga
El canal de distribución se ha convertido, por lo menos en los seis primeros meses de este año, en uno de los sectores protagonistas en la distribución de software ilegal. O por lo menos eso es lo que se desprende del último informe presentado por la BSA (Business Software Alliance) en el que se asegura que 54 de las 177 acciones legales que se emprendieron contra empresas españolas que presuntamente atentan contra la propiedad intelectual del software pertenecieron al segmento de la distribución.
En palabras de Jordi Pons, presidente del comité español de BSA, “aunque no se tienen datos oficiales, es cierto que el sector de la distribución es una de las vías de piratería más común. No sabemos exactamente qué porcentaje de aplicaciones piratas se distribuyen a través del canal, lo que sí que es cierto es que estimamos que, aproximadamente, el 40 por ciento del sector reproduce y distribuye software y aplicaciones de manera ilegal”.
Entre las acciones que ha realizado, la gran mayoría corresponden a acciones extrajudiciales contra empresas que utilizan o distribuyen software ilegal, aunque también se han realizado un total de 10 acciones judiciales, de las cuales 8 han sido por la vía civil y dos por lo penal. De estas acciones, la BSA ha obtenido un total de 152.344,16 euros en concepto de pago de daños por vulneraciones a los Propietarios de los Derechos de Autor. En cuanto a la compra de licencias, la cantidad obtenida asciende a 152.544,47 euros.
Estos datos lo único que hacen es reflejar que la situación de la piratería en España es todavía muy alta, colocándonos en el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de utilización y distribución de software ilegal por detrás de Grecia, ya que el 49 por ciento de las aplicaciones que se utilizan en nuestro país proceden de vías no legales.


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