La reunión de ITU acaba sin consenso

Tras días de reuniones, finalmente, el acuerdo no se ha alcanzado, por lo menos de momento. Y es que, el tratado final, aunque no incluye ninguna nueva disposición sobre los contenidos relacionados con las telecomunicaciones, sí que mantiene la propuesta sobre el control y la promoción del crecimiento de Internet.

Negativa de Estados Unidos y Europa

Ha sido precisamente esta nueva disposición la que ha contado con la negativa de Estados Unidos y Europa. Terry Kramer, máximo representante de la delegación estadounidense en la WCIT, y los representantes de Europa han tratado de mantener la regulación de Internet fuera del acuerdo, alegando que algunos países miembros de la ITU buscan controlar la Red.

De esta forma, ni Europa Occidental, ni Canadá, ni Filipinas, ni Polonia, ni Egipto, ni Kenia, ni República Checa firmarán el acuerdo.

El Parlamento Europeo, no obstante, ya avisó de que no iba a firmar ningún tratado que tratase sobre el control de Internet.

Qué dice el borrador del tratado

Volviendo a la reunión de Dubai, el último borrador, que se presentó el jueves 13 de diciembre, otorga demasiados privilegios a la ITU (organismo dependiente de la ONU) en relación a Internet, algo que agradaba a países como Rusia, China y algunas naciones árabes. Es más, han sido estos países los que han propuesto que Internet tenga un control multinacional y que todos los estados miembros de la ITU tengan las mismas funciones a la hora de controlar Internet.

En la actualidad, gran parte del control de Internet, incluyendo la numeración y la denominación del sistema, corre a cargo de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), que se encuentra bajo contrato del Gobierno de Estados Unidos.

La resolución de “promover un entorno propicio para el mayor crecimiento de Internet” que figura tras el apéndice del borrador del tratado, establece que Internet es “un elemento central de la infraestructura de la economía de la información, y se reconoce que todos los gobiernos tienen el mismo rol y la misma responsabilidad en el gobierno internacional, en la seguridad y la estabilidad y en el futuro desarrollo de Internet.

Independientemente de las resoluciones, según la guía para el proceso de elaboración de tratados del ITU, éstas tienen carácter de tratado, aunque, en principio, no son vinculantes para los estados miembros.

Cabe señalar que el borrador no incluye aspectos relacionados con las telecomunicaciones, después de que el presidente de la conferencia, Mohamed Nasser Al-Grahim, recibiera la petición de algunos países como Australia y Polonia, entre otros, de que la disposición que hacía referencia a las redes de seguridad fuera modificada para especificar que sólo afectaba a la infraestructura de red técnica. Mohamed Nasser Al-Grahim ha asegurado que la sensibilidad que ha protagonizado la reunión ha sido provocada por los temores existentes a que las disposiciones del tratado pudieran ser malinterpretadas como un acuerdo que afectaba al contenido.

Más polémicas

El preámbulo del borrador del tratado también incluye un aspecto que no ha estado exento de polémica durante las negociaciones. En éste se incluye una referencia a las obligaciones en relación a los derechos humanos. La polémica la han protagonizado algunos países, como Malasia, que insistía en que esa referencia no tenía cabida en el preámbulo, sino que debería de figurar en la Constitución de la ITU.

La Internet Society aseguró, el día antes de que finalizase la reunión, que estaba “muy decepcionado” por las “divisiones fundamentales” que ha habido durante la conferencia. Es más, ha asegurado que “ha sido muy importante que este tratado no se extendiera a los contenidos y que ni implícita ni explícitamente se socavaran los principios que han hecho que Internet sea una herramienta beneficiosa”.

Por último, cabe señalar que, según los procedimientos de la ITU, si un Estado miembro tiene reservas con cualquier parte del tratado, no está obligado a aplicarlo. Cada país tiene que ratificarlo, además de que tiene que ser aprobado por cada gobierno.