La Policía Nacional pone en marcha una operación contra la piratería informática
La Operación Galeón, que cuenta con la colaboración de la BSA, actuará de forma constante con el fin de acabar con la distribución de software ilegal en el canal informático.
Los primeros resultados de la Operación Galeón, iniciativa con la que la Policía Nacional intenta reducir la distribución de programas de software ilegal en nuestro país, ya se han dado a conocer. La campaña, operativa desde hace varias semanas, ha permitido el registro en diferentes regiones de la geografía española y la incautación de material presuntamente ilegal. Además, según se ha señalado, Operación Galeón no es un procedimiento esporádico, sino que se trata de una acción nacional a gran escala que actuará “de forma habitual, constante y metódica en la investigación contra la delincuencia en el canal”.
Además, cabe señalar que estos registros han conllevado el inicio de investigaciones judiciales que no sólo afectan a los distribuidores, sino que se extienden a los clientes. El objetivo, según los organizadores, es poder actuar “en su defensa como consumidores y como víctimas de la estafa que contra ellos supone la comercialización de software pirata”.
Juan Hidalgo, comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica, ha señalado, al hilo de esto, que “la falta de conocimiento convierte, muchas veces, a los usuarios finales en víctimas de una estafa. Los programas piratas no tienen ningún tipo de garantía, ni están acogidos a ningún servicio de atención al cliente, además de ser más sensibles a errores y entradas de virus. Con la extensión de las investigaciones a los clientes de distribuidores piratas queremos fortalecer su defensa como ciudadanos estafados".
Según los datos que maneja la BSA, la venta de software ilegal en el canal de distribución supone unas pérdidas anuales al sector de más de 30.000 millones pesetas, a lo que habría que añadir las pérdidas provocadas, como consecuencia de la piratería, en la industria de entretenimiento (videojuegos, tarjetas piratas,...), la pérdida de empleos o la recesión en I+D, entre otros.
Por último, cabe señalar que, de forma paralela, la Brigada de Investigación Tecnológica (B.I.T.), también tiene operativas otras acciones y métodos para luchar contra los delitos informáticos en diferentes ámbitos y sectores.
Además, cabe señalar que estos registros han conllevado el inicio de investigaciones judiciales que no sólo afectan a los distribuidores, sino que se extienden a los clientes. El objetivo, según los organizadores, es poder actuar “en su defensa como consumidores y como víctimas de la estafa que contra ellos supone la comercialización de software pirata”.
Juan Hidalgo, comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica, ha señalado, al hilo de esto, que “la falta de conocimiento convierte, muchas veces, a los usuarios finales en víctimas de una estafa. Los programas piratas no tienen ningún tipo de garantía, ni están acogidos a ningún servicio de atención al cliente, además de ser más sensibles a errores y entradas de virus. Con la extensión de las investigaciones a los clientes de distribuidores piratas queremos fortalecer su defensa como ciudadanos estafados".
Según los datos que maneja la BSA, la venta de software ilegal en el canal de distribución supone unas pérdidas anuales al sector de más de 30.000 millones pesetas, a lo que habría que añadir las pérdidas provocadas, como consecuencia de la piratería, en la industria de entretenimiento (videojuegos, tarjetas piratas,...), la pérdida de empleos o la recesión en I+D, entre otros.
Por último, cabe señalar que, de forma paralela, la Brigada de Investigación Tecnológica (B.I.T.), también tiene operativas otras acciones y métodos para luchar contra los delitos informáticos en diferentes ámbitos y sectores.
