Contenidos digitales | Artículos | 01 MAR 2011

La piratería del software se estanca

Sólo dos comunidades autónomas, por encima de la media de la UE
Bárbara Madariaga.
BSA acaba de dar a conocer los resultados de un estudio que analiza la situación de la piratería de software en las comunidades autónomas. A tenor de los resultados, la situación “ha mejorado levemente” aunque, Luis Frutos apunta a que “es insuficiente”. Hay diferencias de hasta 30 puntos entre las regiones que más piratean y las que menos.

Parece que uno de los miedos que los principales responsables de la lucha contra la piratería en España no se ha cumplido. Y es que si recuerdan, hace dos años, cuando se presentó el primer estudio por comunidades autónomas, Luis Frutos, presidente del comité español de la BSA, aseguraba que los datos eran malos y que incluso estos podían empeorar en estudios futuros como consecuencia de la crisis económica que estamos atravesando.
Pues bien, esto no ha sido así. A pesar de que los datos son negativos, no son peores que los de hace dos años. Con lo que se puede decir que la piratería en España se ha estancado.

EL FUTURO DE ESPAÑA, EL SOFTWARE LEGAL
“El futuro de la empresa está en el software legal”. Con esta afirmación, Luis Frutos deja claro la importancia de concienciar al tejido empresarial español sobre la necesidad de disponer de software legal, un concepto que todavía no queda claro si atendemos a los últimos resultados ofrecidos la BSA sobre la piratería de software en las comunidades autónomas.
Así, “sólo dos regiones, Madrid, con un 32 por ciento, y Navarra, con un 28, están por debajo de la media de la Unión Europea”. Eso sí, la única parte positiva de estos datos es que la piratería no ha crecido, sino que “ha mejorado levemente”. A pesar de la mejora “los resultados son deficientes”. Y es que “las regiones más piratas, Andalucía, Extremadura y Valencia, tienen porcentajes de países tercermundistas” asegura Luis Frutos, quien ha comparado esta situación con Colombia o Egipto.
Mención aparte merece el caso de Madrid. A pesar de que ésta es la segunda comunidad con menos piratería de software, “el valor económico de las aplicaciones ilegales lastra estos resultados”. De hecho, en Madrid se dejó de ingresar, en 2009, 171 millones de euros. Además, en este sentido hay que resaltar que Madrid, Cataluña, Valencia, y País Vasco, copan el 60 por ciento del mercado de software ilegal”.

NECESITA MEJORAR
La diferencia entre el valor económico de 2007 y el de 2009 “es mínima” puntualiza Luis Frutos, “solo de nueve millones de euros”. En este sentido, en 2007 el valor comercial del software ilegal fue de 640 millones de euros, mientras que en 2009 éste alcanzó los 631 millones de euros.
Asimismo, el índice de piratería descendió, en comparación con el estudio de 2007, en 12 comunidades autónomas y se mantuvo en cinco. “El dato positivo es que en ninguna región aumentó”. En cambio, el impacto económico bajó en cinco comunidades, se mantuvo en una y se incrementó en 1. “Éste es un dato muy peligroso de cara a los próximos años”, resalta Luis Frutos, quien apunta que “tenemos mucho trabajo que hacer”.
Y en esta labor, BSA va a reunirse con las 17 comunidades autónomas. El objetivo, tal y como explica Luis Frutos, es “sensibilizar a los gobiernos regionales para que adopten medidas que hagan que los índices de piratería se reduzcan”. Las primeras regiones son Cataluña, País Vasco, Madrid, Andalucía y Valencia.
En la lucha contra la piratería de software “el nuevo código penal va a jugar un papel clave”. El hecho de que “afecte a la responsabilidad penal de las empresas con software ilegal” es un factor que va a ayudar en la lucha. “Las empresas se enfrentan a penas muy considerables que pueden llegar a triplicar o cuadruplicar el valor y cuya sanción va en contra del patrimonio del empresario”, recuerda Luis Frutos que además hace hincapié en que “si tienen algún tipo de relación con la administración ésta queda bloqueada”.

LO QUE NOS CUESTA
Y es que no hay que olvidar que, en el caso de España, a día de hoy el índice de pirateria se sitúa en el 42 por ciento. Reducir este porcenteaje en diez puntos en los próximos cuatro años supondría la creación de 2.244 nuevos empleos, además de que el Producto Interior Bruto (PIB) español se incrementaría en 2.039 millones de euros y se generaría, en impuestos, 375 millones de euros.
En caso de que la reducción se acelerase en dos años, se conseguiría un impulso para la actividad económica un 37 por ciento mayor. Concretamente, el estudio de IDC lo cuantifica en 2.786 millones de euros adicionales de PIB y en 515 millones de euros de ingresos fiscales.
No obstante, durante la presentación del informe, Luis Frutos aprovechó para señalar el importante papel que está jugando el canal de distribución, cuyo porcentaje se está reduciendo considerablemente, gracias, en cierta medida a las acciones que se están adoptando desde la BSA y desde empresas como Microsoft, en la concienciación, y en las acciones legales que se están adoptando.


Se intensifica la lucha contra la piratería y el fraude fiscal
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- Decidida a aumentar su colaboración y apoyo en la lucha contra el fraude del IVA y otras tramas organizadas, conocidas como carrusel o trucha, Asimelec ha dado un nuevo impulso al acuerdo que mantiene con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en aras de intensificar el intercambio de información de las empresas del sector TIC con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal.

- El objetivo de este acuerdo es reducir prácticas ilícitas y de competencia desleal en los sectores de la telefonía móvil, el hardware, el software, los dispositivos electrónicos y los soportes digitales de grabación. Para luchar contra estos procedimientos fuera de la ley, la patronal creó el pasado mes de septiembre el grupo de trabajo antifraude, que recoge e investiga toda la información que recibe de los socios para enviar un análisis exhaustivo a las autoridades, dentro de las líneas maestras del acuerdo firmado.

- Dentro de la lucha contra el fraude y la competencia desleal, Asimelec también intensificará su acuerdo con BSA (Business Software Aliance), a través de la promoción del uso de software original. En este sentido, para la patronal, el uso ilegal de software constituye una barrera para la adopción plena de las Tecnologías de la Información en las empresas y entre los usuarios, y repercute en la pérdida directa de puestos de trabajo de alta cualificación. Además, ralentiza el avance en la profesionalización al ser una competencia desleal difícil de combatir.

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