Contenidos digitales | Noticias | 19 ENE 2011

Google defiende su derecho a enlazar en su último enfrentamiento con Protección de Datos

La consolidación de Internet y los cambios que ha supuesto la llegada de la red a la vida de los españoles ha hecho que, en los últimos tiempos, la preocupación por aspectos como la seguridad y la privacidad se hayan incrementado. Y, en esta defensa, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha asumido un papel que le ha llevado a encarnar una lucha en defensa de eso mismo, la protección de los datos de los ciudadanos. Una de las últimas "batallas" se ha librado esta mañana en la Audiencia Nacional, donde Google ha acudido para defender su derecho a enlazar contenidos.
Bárbara Madariaga

Esta mañana se ha librado la última batalla que mantiene la Agencia Española de Protección de Datos y Google, quien, este último, se ha visto obligado a acudir a los tribunales para defender su modelo de negocio.

En una vista celebrada en la sección de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, y tal y como informa Europa Press, Google ha negado que tenga cualquier responsabilidad en los contenidos indexados. Es más ha defendido su derecho a enlazar páginas externas y a no retirar información. “Hacerlo supondría una fórmula de censura”, ha destacado Luis Javier Aparicio Falón, abogador de Google.

La vista se ha celebrado para estudiar cinco casos que han solicitado lo que se considera “derecho al olvido”. El contenido, que afectan a diferentes páginas Web, entre ellas referencias a boletines oficiales o informaciones de prensa, ha sido catalogado por la AEPD como “potencialmente difamatorio”, y, en algún caso, llega a ser perjudicial para la seguridad de una persona.

Luis Javier Aparicio Falón ha asegurado que los buscadores son un “nexo con la información, que por ley no tienen ninguna responsabilidad de los contenidos en nuestro país” (algo que, en opinión del Abogado del Estado no es cierto) y recordó que las demandas no tendrían que estar interpuestas en este caso contra Google, sino contra los creadores de contenido. “Pedir a los buscadores que se retire la información de forma arbitraria es algo muy peligroso porque los buscadores son una parte fundamental de la sociedad de la información y se estaría atacando a la libertad de expresión”.

Peter Barron, director europeo para relaciones externas de Google, ya mostró la postura oficial del buscador al asegurar que “no estamos de acuerdo con las acciones del regulador español. Las leyes tanto españolas como europeas responsabilizan al editor de su propio contenido. Exigir a intermediarios, como los motores de búsquedas, que censuren material publicado por otros tendría un espeluznante y profundo efecto en la libertad de expresión sin proteger la privacidad de la gente”.

La solución para Google pasa por que los editores utilicen las herramientas que existen para limitar el acceso de cierta información a la Red.

Pero más allá de estos cinco casos, la AEPD ha solicitado a Google la retirada de cien enlaces al entender que estos “son potencialmente difamatorios”.

Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre, Artemi Rallo, director general de la AEPD, se refirió, en su comparencia ante el Congreso de los Diputados, a la creciente preocupación de la sociedad española ante la privacidad de sus datos. Así, aseguró durante su discurso, que “los prestadores de los principales servicios de Internet han cruzado ya, en varias ocasiones, las líneas rojas del respeto a la privacidad”, refiriéndose a la polémica que ha mantenido con Google con el lanzamiento de Google Buzz, a los problemas que también ha mantenido con Google Street View. Facebook, o Yahoo! también han estado en el punto de mira de Protección de Datos.

Conviene señalar que ésta no es la única polémica entre la comunidad Internet y las autoridades españolas, dado que en los últimos meses hemos asistido al enfrentamiento entre la sociedad internauta y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) contra el Ministerio de Cultura y la Sociedad General de Autores (SGAE) por el intento de aprobar una ley que proteja los derechos de autor frente a las descargas de Internet, permitiendo el cierre preventivo, sin autorización judicial, de las páginas de descargas, la conocida como Ley Sinde. Asimismo, los fabricantes TIC siguen reclamando al Gobierno la retirada del Canon Digital, que grava la compra de productos tecnológicos, tanto grabadores como reproductores y soportes digitales, en virtud de la defensa de los derechos de los autores, independientemente del uso que el comprador vaya a dar a este producto.

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