Francia pondrá fin a Ley Hadopi y gravará a tablets y smartphones para acabar con la piratería
Según un informe encargado por el Gobierno galo, Francia debería dejar de cortar el acceso a Internet a los acusados de descargarse contenido ilegal, uno de los puntos clave de la Ley Hadopi impulsada por el Gobierno de Nicolás Sarkozy.
El informe del Gobierno francés no sólo aconseja dejar de cortar el acceso a Internet a aquellos internautas que compartan contenido ilegal en la Red, sino que también recomienda cerrar la agencia encargada de gestionar las políticas de infracción para luchar contra la piratería en Internet.
Asimismo, el informe también recomienda que se establezca un impuesto de derechos de autor a smartphones, tablets y otros dispositivos conectados con el objetivo de remunerar los derechos de autor, esto forzaría a los autores a permitir a las bibliotecas prestar libros electrónicos, y a las entidades de gestión a compartir sus creaciones en comunidades online.
El informe ha sido elaborado a petición del Presidente francés, François Holland, por el ex presidente del Grupo Canal +, Pierre Lescure. Cabe señalar que un informe similar fue la base para la aparición de la Ley Hadopi (Alta Autoridad francesa para la Distribución de Obras y la Protección de los Derechos en Internet). Los acusados de piratería en Internet se enfrentan a multas de hasta 1.500 euros y a la suspensión de Internet.
La Ley Hadopi no ha sido especialmente efectiva. Y es que, a pesar de que en Francia ha caído el intercambio de archivos ilegales, los servicios legales de pago no se han visto beneficiados por ese descenso, ya que el uso no autorizado de servicios como el streaming se ha incrementado. Lescure ha tenido en cuenta esta situación y recomienda dejar de utilizar la amenaza de los cortes de Internet, reducir la multa a 60 euros y derogar la Ley Hadopi, transfiriendo las responsabilidades a otra agencia.
Lescure propone centrar las actividades contra la piratería en los piratas comerciales, promoviendo la colaboración con los motores de búsqueda y las redes de publicidad para ayudar a "seguir el dinero" y dar con los infractores a escala masiva. Además, también desaconseja forzar a los proveedores de servicio a bloquear el acceso a determinados sitios u ordenar a los registradores a redirigir los nombres de dominio, ya que, en su opinión se corre el riesgo de que algunos servicios sufran “daños colaterales”.
