El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Aunque estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobase la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual el pasado viernes, finalmente ha sido hoy cuando el Consejo de Ministros la ha aprobado. Asimismo, en el Consejo de Ministros también se ha anunciado que se va a revisar el concepto de copia privada, y, para ello, se va a abrir un proceso de debate entre la Agencia de Competencia, las administraciones y otros órganos del Estado.

A pesar de la aprobación de la reforma de la Propiedad Intelectual, ésta no va ser definitiva. José Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte,  ha asegurado que este año habrá una reforma de mayor calado. A esta reforma se la empieza a conocer como Ley Lassalle (en “honor” al Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle), y tratará, a priori, de mejora los derechos de propiedad intelectual en Internet y de luchar contra las descargas ilegales.

A grandes rasgos, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual permitirá la identificación, en una primera fase, de aquellos que difundan contenido protegido a gran escala. Para su identificación,  se solicitará la ayuda de terceros, como pueden ser las agencias de publicidad. Una página Web que sea “condenada” por tener contenido protegido por los derechos de autor tendría que hacer frente a multas que van desde los 30.000 euros hasta los 900.000 euros, según afirma ABC.

Críticas de las sociedades de gestión

La reforma de la Propiedad Intelectual también busca asegurar una mayor transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, promoviendo la eliminación de barreras de entrada a las entidades de gestión.

Las sociedades de gestión han criticado la aprobación de esta reforma al asegurar que “perjudicará gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas”.

En un comunicado, la sociedades de gestión aseguran que por un lado, “perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada” y, por el otro, “beneficia a las multinacionales del sector tecnológico al consolidar un modelo de copia privada que carga a los Presupuestos Generales del Estado un precio simbólico y exonera del pago, en contra de todos los criterios sentados en la UE, a los verdaderos causantes del daño objeto de indemnización: las empresas multinacionales que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por la propiedad Intelectual”. Es por este motivo por el que “las entidades de gestión consideran que esta no es la mejor manera de afrontar la reconstrucción de  una industria cultural más robusta, generadora de riqueza y empleo”. 

Cabe recordar que, a principios de marzo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes confirmó que se estaba trabajando en una reforma “puntual” de la Ley de Propiedad Intelectual. El anuncio de la reforma llegó tras conocerse que, de las 363 solicitudes tramitadas, 272 fueron archivadas mientras que sólo 34 páginas Web han retirado de forma voluntaria los contenidos.

Según el Ministerio, a la hora de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, el Gobierno trabaja en tres frentes: el de las garantías, el de la ampliación de la oferta legal y la concienciación social.