Convocan manifestaciones para protestar contra la Ley ACTA
La cita es mañana 11 de febrero. Diversas asociaciones han convocado una manifestación a nivel mundial para protestar contra el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, también conocido como la Ley ACTA, el cual ha sido firmado por España hace solo unas semanas. Los convocantes consideran que la Ley ACTA atenta contra algunos principios fundamentales.
Así, y tal y como se asegura en el grupo de Facebook que se ha creado para informar sobre la convocatoria de las manifestaciones, la Ley ACTA afecta a “diferentes sitios web en donde se publica información e incluso arte, por lo que es considerado un completo atropello a las garantías individuales”. Además, el manifiesto para convocar la manifestación, asegura que, en caso de que “se apruebe esta legislación cualquier proveedor de servicios de Internet (ISP) se vería obligado a rastrear las actividades de sus usuarios”, y que, en el caso de que “algún cliente descargue material pirateado, los ISP serían acusados de violar la propiedad intelectual y podrían ser cerrados permanentemente”.
Asimismo, y a través de la página Web Avaaz.org, se anima a los ciudadanos a firmar un manifiesto en contra de la Ley ACTA que es enviada al Parlamento Europeo. En total, más de dos millones de personas ya han firmado contra la Ley ACTA. En éste se asegura que “como ciudadanos globales comprometidos, les pedimos que defiendan un Internet libre y abierto y rechacen la ratificación del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), que destruiría dicha libertad. Internet es una herramienta crucial para que ciudadanos de todo el mundo intercambien ideas y promuevan la democracia. Les instamos a mostrar un verdadero liderazgo mundial y proteger nuestros derechos”.
El pasado 26 de enero, España, junto a 21 países más de la Unión Europea, firmó el acuerdo internacional ACTA con el que se pretende reforzar los derechos de propiedad intelectual y combatir la piratería online y el software ilegal. La polémica levantada por la Ley ACTA se debe fundamentalmente a que su contenido podría ir contra las normas de la UE sobre protección de datos. Además, sus detractores aseguran que ésta deja las puertas abiertas a los Estados para que, si creen conveniente, puedan instar a los proveedores de servicio a cortar la conexión a Internet a aquellos usuarios que continúen descargando material protegido después de recibir dos avisos. Además, también podrían solicitar la información personal de éstos.
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