Contenidos digitales | Noticias | 08 FEB 2011

Autores e internautas llevan sus disputas a los tribunales

En esta ocasión no se trata de la Ley Sinde, sino del canon digital. Las asociaciones de internautas han presentado una denuncia ante la fiscalía anticorrupción por los posibles delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida. Los autores agrupados en CEDRO han respondido denunciando a la plataforma todoscontraelcanon por calumnias.
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Si comenzamos por las acciones de los internautas, estos han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que está disponible en la página Web de la Asociación de Internautas, y que tal y como aseguran en la misma “nace de la publicación por el Ministerio de Cultura de las cantidades declaradas por las diversas entidades de gestión de lo recaudado por copia privada, llamado más popularmente canon digital”.

Concretamente, la denuncia ha sido interpuesta por “los posibles delitos de Fraude a la Hacienda Pública (Art. 308 y concordantes del Código Penal), falsificación de documentos privados y públicos (Art. 390 y ss del Código Penal), y apropiación indebida de las cantidades habidas a los autores (Art. 252 y concordantes del Código Penal) contra los consejos de administración de las diversas entidades de gestión de derechos de autor y contra los cargos y funcionarios que hayan avalado o encubierto las anteriores prácticas pertenecientes a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, por los posibles delitos de encubrimiento de las conductas denunciadas”.

Respuesta de los autores
CEDRO (asociación que reúne a la mayoría de las entidades de gestión) no ha tardado en reaccionar. Así, y también en su página Web, ha anunciado que va a interponer una querella criminal contra la plataforma todoscontraelcanon por calumnias.

Y es que, consideran que la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción es “enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión”.

Asimismo, las entidades de gestión dejan claro que “nuestra actuación se ajusta escrupulosamente al marco legal que la regula, en particular en el relativo a todos sus sistemas de reparto, avalados en 2008 y 2010 por los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)”.



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