El precio de la electrónica podría subir un 15 por ciento por la nueva ley medioambiental

Los aparatos electrónicos que más se están comprando y usando (como DVD o cámara de fotos), así como los electrodomésticos más corrientes en todos los hogares (como frigorífico y lavadora) pueden ser hasta un 15 por ciento más caros debido a la entrada en vigor de la nueva normativa sobre residuos.
Así al menos lo han manifestado los sectores industriales relacionados con la fabricación de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. Por eso, han mostrado su rechazo "firme y frontal" al borrador de proyecto de Real Decreto, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, con el que se aplicarían en nuestro país las directivas europeas sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y de Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas.
Según fuentes de la CEOE, el rechazo del sector incluye a las industrias de las Tecnologías de la Información, climatización, material eléctrico, luminarias, electrodomésticos, electrónica en general y recuperación de materiales.
Además, todos estos sectores han avisado de que esta normativa tendrá "un notable impacto negativo en la economía y en el futuro de la industria española".
Al parecer, la principal queja afecta a la obligación, que incluye el Gobierno en el borrador, y por la que los productores deben soportar los costes de la recogida domiciliaria de los residuos de aparatos eléctricos. “Si esto se lleva adelante”, señalan los fabricantes, “nos veremos obligados a elevar los precios entre un 5 y un 15 por ciento en general y hasta un 75 por ciento para productos como los tubos fluorescentes, por ejemplo”.
Según estas mismas fuentes, “la industria no puede ni debe soportar los costes de la recogida domiciliaria de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como se pretende, pues no tiene capacidad alguna de gestión, control, ni mejora de esta actividad, lo que irremediablemente conducirá a la ineficiencia y al despilfarro".
Asimismo, lamentan que este incremento de precio, además de repercutir en el cliente nacional, provocará que los productos españoles resulten menos competitivos en el exterior, lo que obligará a una reestructuración del sector, con un alto riesgo de deslocalización de actividades y la pérdida de puestos de trabajo.
Por último, y en relación con el cumplimiento de la futura legislación, consideran que el Real Decreto debe establecer un régimen de inspección y control y de sanciones basado no sólo en las obligaciones y responsabilidades medioambientales, sino que también afecte a la puesta en el mercado de los productos, de forma que sea controlada y evitada la comercialización de aparatos que no cumplan con los requisitos establecidos.