El nivel de formación en TIC España, muy por debajo de la media europea
Los datos hablan por sí solos: el porcentaje de empresas que dan formación tecnológica a sus empleados es del 62 por ciento en la UE y del 36 por ciento en España. A la cabeza del ranking se encuentran Holanda, el Reino Unido y los países escandinavos, con ratios por encima del 80 por ciento.
En cuanto al porcentaje de trabajadores ocupados formados en TIC, destaca el hecho de que es del 40 por ciento en la UE y del 25 por ciento en España (correspondiendo el 46 por ciento a grandes empresas y el 8 por ciento a la PYME). Para la empresa, el coste de formación es del 2,3 por ciento en la UE y del 1,5 por ciento en España. Por horas de instrucción por participante y año, 31 correspondería a la UE y 42 a España.
En opinión de Josep Capell, director general de Aula Dat, este panorama es fruto de que la formación se ve como un gasto y no como una inversión. “Si bien es cierto que durante la última década el sector ha experimentado crecimientos notables, sobre todo antes de la crisis, no es menos cierto que se debe en gran parte a las ayudas económicas facilitadas tanto desde las administraciones central y locales como de los fondos europeos”, afirmó Capell durante su intervención en unas jornadas celebradas en el Parc Tecnològic del Vallés. A su juicio, muchos programas de formación no se habrían puesto en marcha de no ser por las subvenciones del Forcem y de las diferentes administraciones autonómicas. El año 2007 marcará un reto para el sector, “ya que a partir de entonces dejarán de llegar a España una gran parte, sino la totalidad, de los fondos de cohesión europeos y, en consecuencia, las subvenciones a la formación continua”, señala Capell.
No obstante, el problema no corresponde sólo a las empresas, ya que existen también barreras estructurales dentro del sector de la formación que dificultan su posicionamiento en el mercado. Entre ellas, la falta de un sistema de certificación homologado con el reconocimiento adecuado por parte del mercado y de la sociedad y la puesta en marcha de incentivos fiscales y ayudas económicas que faciliten la inversión en formación.