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GDPR

Los reguladores europeos se declaran "no preparados" para la llegada del RGPD

Un artículo publicado por ARN pone de manifiesto que esta ley paneuropea que está a punto de entrar en vigor plantea un problema: muchos reguladores afirman no estar listos para hacer frente a las labores de vigilancia y sanción en cumplimiento con la medida.

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La entrada en vigor del RGPD es una realidad que ha sido definida por muchos como la ley que ha sacudido con más fuerza lo relacionado con la privacidad de los datos desde el nacimiento de la web. Esta nueva reglamentación paneuropea afectará a empresas que disponen de grandes volúmenes de información de clientes, incluyendo a organizaciones como Facebook y Google.

Las autoridades que han de supervisar el cumplimiento de la nueva ley de protección de datos no estarán centralizadas ni serán funciones que realizará un equipo, sino que se desplegarán en grupos de supervisión en los 28 países pertenecientes a la UE.

17 de las 24 autoridades que respondieron a una encuesta realizada por Reuters señalaron que carecían de los fundamentos necesarios, o bien que no disponían del nivel de autoridad requerida para hacer cumplir la aplicación de la nueva ley. Muchos de los observadores europeos carecen de poderes a la hora de ejecutar sus obligaciones en pos del cumplimiento del reglamento porque sus respectivos gobiernos no han actualizado sus leyes incluyendo en sus marcos legales al RGPD para que pueda entrar en vigor en sus respectivos países el próximo 25 de mayo.

Gran parte de las respuestas de los reguladores encuestados señalaron, no obstante, que pese a estas carencias harán todo cuanto esté en su mano para actuar de modo diligente y proactivo frente a las denuncias. Una minoría señalaba que pondrá en marcha mecanismo de investigación para comprobar el cumplimiento del reglamento, actuando con sanciones en los casos de incumplimiento más flagrantes.

Sin embargo, ciertas voces sugieren que el RGPD nace con síntomas de debilidad, con efectos todavía menos predominantes a los logrados por el bloque de la autoridad anti-trust, nacido en el seno de la Comisión Europea, que “golpeó” a Google con una multa de 2.400 millones de euros el año pasado.



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