ACTUALIDAD | Noticias | 15 MAR 2011

Las administraciones públicas son las grandes incumplidoras de la Ley contra la morosidad

Las administraciones públicas, pese a la aprobación de la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, han elevado su plazo medio de pago, mientras que las empresas han reducido el suyo.
Miguel Ángel Gómez
Las administraciones públicas son las grandes incumplidoras de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones, dado que, frente a la reducción de los plazos medios de pago experimentado en el sector privado, el sector público ha aumentado sus plazos de pago hasta situarlos, de media, en 157 días, esto es, por encima de los 5 meses.

Pese a esta ampliación de los plazos de las administraciones públicas, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), estima que la reducción de los plazos supuso un montante de 1.800 millones de euros en la mejora de pagos en el sector privado. Estos datos se desprenden de un estudio, basado en 800 encuestas recogidas de empresas adheridas, en un 96 por ciento firmas pertenecientes al segmento PYME, según el cual el plazo medio de cobro que se pactó en 2010 en el sector privado fue de 75 días, aunque el plazo de cobro efectivo fue de 93 días. No obstante, ambos datos son inferiores a los registrados en 2009, con 77 y 101 días, respectivamente. Según estimaciones de la PMcM, esta reducción de los plazos supuso un montante de 1.800 millones de euros en la mejora de pagos en el sector privado, “ahorro que ha revertido positivamente en la sociedad española al aumentar la competitividad y capacidad de autofinanciación de las empresas, reactivando así el empleo”, afirman desde la plataforma.administraciones públicas incumplen Ley morosidad

En palabras de Rafael Barón, presidente de la PMcM, “en 2010 el sector privado consiguió reducir el plazo de sus pagos intentando ajustarse a los marcados por la Ley de Morosidad, y muy lejos de los datos registrados por las administraciones públicas, que han incrementado aún más la demora de sus pagos”. 

En base a los datos ofrecidos por la PMcM, el 64 por ciento de las empresas encuestadas tiene en la actualidad contratos o acuerdos comerciales con clientes que le exigen plazos de pago superiores a los 85 días legales. Respecto al ratio de impagados, el 27 por ciento de las empresas encuestadas ha observado un aumento, mientras que en un 39 por ciento se ha mantenido sin variación, y en un 34 por ciento se ha visto reducido.

En las administraciones públicas, el plazo medio de cobro pactado en 2010 era de 60 días. Sin embargo se ha elevado el dato de cobro efectivo de 154 días en 2009 a 157 el año pasado.

En España, el ratio de morosidad en 2010, se cifró en el 5,1 por ciento (una décima superior al dato de 2009). Pero, tal y como denuncio Antoni Cañete, portavoz de la PMcM, “este nivel de morosidad contrasta con el ratio del 2,6 por ciento que se registra en la Unión Europea”.

Además de las administraciones públicas, los segmentos más reacios al cumplimiento de la Ley de Morosidad son la gran distribución y los sectores afines a la construcción.

 

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