Productos | Artículos | 01 NOV 2004

La BSA presenta la guía El Valor del Software

Miguel A. Gómez.
La Business Software Alliance (BSA) ha presentado una nueva guía que, bajo el título El Valor del Software, resume todas las necesidades informativas en torno al uso del software legal. Esta guía ofrece al usuario información sobre licencias, gestión y auditoría, marco legal, responsabilidades legales en la empresa y los últimos datos sobre piratería de software y sus implicaciones en la economía local.
El objetivo de esta guía es “concienciar acerca del delito informático e informar a los usuarios españoles de las ventajas que implica el uso de software legal para el conjunto de la sociedad española”. Para ello, el documento recoge los últimos datos, actualizaciones e informes referentes al software y la piratería de programas informáticos, proporcionando una sólida base de conocimiento sobre la situación actual en España y sus repercusiones directas en materia de empleo, imagen exterior, aportación al PIB o recaudación de impuestos.
Según el estudio “Expanding Global Economies: The benefits of Reducing Software Piracy” de IDC, el sector español de TI podría crecer un 67 por ciento en el período 2002-2006 si el índice de piratería del software se redujera en 10 puntos porcentuales, a un promedio de 2,5 puntos por año. Este incremento sería el más alto de los experimentados por cualquier otro país de Europa Occidental en una situación similar.
Con ese crecimiento, durante los cuatro años mencionados, el PIB español se beneficiaría con 3.761 millones de dólares adicionales, sería posible crear más de 6.200 nuevos puestos de trabajo sólo en el sector tecnológico, la industria local de nuevas tecnologías conseguiría unos ingresos de 2.890 millones de dólares extras y la Administración lograría 520 millones de dólares adicionales en concepto de impuestos
Según el último estudio sobre piratería global del software, elaborado por la consultora IDC y presentado por BSA el pasado mes de julio, el 44 por ciento del software que se utilizó en España durante el año 2003 tuvo un origen ilegal, lo que se traduce en unas pérdidas de más de 421 millones de euros para la industria tecnológica local.

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