DISTRIBUCIÓN | Noticias | 02 NOV 2010

Microsoft aboga por un canal legal en el norte de España

Con la intención de reducir el índice de piratería en Galicia, Asturias y Cantabria, Microsoft ha decidido reforzar las actuaciones que está realizando en esas comunidades autónomas. Así, recuerda a los distribuidores que "la distribución de software pirata es un delito y conlleva penas de cárcel y multas elevadas".
Bárbara Madariaga
Más allá de las penas de cárcel y las multas que tendrían que pagar aquellos distribuidores que comercializan software ilegal, desde Microsoft se recuerda que “el canal pierde la oportunidad de hacer negocio vendiendo software legal, una alternativa rentable para el distribuidor que se mueve en el ajustado mundo de la venta de hardware”.

Y es que, el 35,8 por ciento del canal gallego, el 43,8 por ciento del asturiano, y el 20 por ciento del cántabro distribuyen software ilegal, según datos del Estudio sobre Piratería en el Canal de Distribución elaborado por Microsoft publicados el pasado mes de abril.

Es más, durante 2009 el “comprador misterioso” de Microsoft realizó un total de 67 visitas a establecimientos distribuidores de software en Galicia, de estas visitas resultó que 24 tiendas comercializaban software sin licencia. Por su parte, en Asturias, Microsoft visitó 16 tiendas y 7 de ellas vendían software ilegal; y en Cantabria se visitaron 15 establecimientos de los que 3 resultaron ilegales. “Si comparamos estos datos con los registrados en 2008 nos encontramos que en el caso del Galicia índice de software ilegal ha crecido un 6,4 por ciento y en el caso de Asturias y Cantabria el índice se ha mantenido estable sin cambios significativos”, destaca Microsoft.

En cuanto a las acciones que está realizando la multinacional, “éstas ya están dando sus frutos”. Así, en la actualidad existen 10 procesos judiciales abiertos en estas tres comunidades autónomas. Desde 2007 se cuenta con 1 sentencia condenatoria, en Galicia y se han llegado a diversos  acuerdos con distribuidores ilegales. En total, los acuerdos extrajudiciales han ascendido a más de 60.000 euros.


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