Más 250.000 euros de multa por utilizar software pirata
BSA acaba de informar acerca de la decisión de un juzgado de La Coruña de adoptar medidas cautelares contra la empresa gallega A-CERO por utilizar, presuntamente, software pirata, teniendo que depositar más de 250.000 euros.
El Juzgado Mercantil número 2 de La Coruña acaba de emprender medidas cautelares contra A-CERO por presunto uso de software no autorizado. En concreto, “tendrá que depositar hasta 254.874 euros “, informa BSA. Esta cantidad corresponde, según el informe pericial, al valor de los programas pirateados.
Éste es uno “de lo mayores depósitos en garantía de pago ante la posible indemnización que deberían recibir por daños y perjuicios las empresas afectadas por el uso de software sin licencia”, continúa BSA. Las medidas cautelares van más allá y también se ha decretado el embargo de los equipos en los que estaba funcionando el software y el cese de la actividad ilícita.
A-CERO centra su actividad empresarial en el mercado de la arquitectura y urbanismo. El pasado mes de junio se realizó una inspección por orden judicial de 33 ordenadores que, presuntamente, utilizaban software sin licencia de compañías como Microsoft, Adobe Systems y Autodesk.
Según palabras de Luis Frutos, presidente del Comité Español de BSA, “esta decisión demuestra que, cada vez más, los juzgado mercantiles tienen en cuenta los graves perjuicios que el uso de software ilegal supone para los propietarios de los derechos de propiedad intelectual. Las empresas que utilizan productos sin autorización de propietario están incurriendo en un grave delito y al mismo tiempo están compitiendo de forma desleal con aquellas compañías que actúan dentro de la legalidad. Este es un buen ejemplo de los riesgos legales y financieros a los que se exponen muchas empresas por utilizar software sin licencia, sin contar con los riesgos operativos que asume en su funcionamiento un negocio por utilizar software pirata.
Cabe señalar que Galicia es la séptima comunidad autónoma con mayor índice de piratería de software. De hecho, y según el último informe de IDC, 4 de cada 10 programas utilizados por las empresas son adquiridos de forma ilegal. Un dato que va en consonancia con el hecho de que, según GFK,Galicia es la cuarta región con mayor índice de piratería en el canal de distribución, con un 29,7 por ciento.
Éste es uno “de lo mayores depósitos en garantía de pago ante la posible indemnización que deberían recibir por daños y perjuicios las empresas afectadas por el uso de software sin licencia”, continúa BSA. Las medidas cautelares van más allá y también se ha decretado el embargo de los equipos en los que estaba funcionando el software y el cese de la actividad ilícita.
A-CERO centra su actividad empresarial en el mercado de la arquitectura y urbanismo. El pasado mes de junio se realizó una inspección por orden judicial de 33 ordenadores que, presuntamente, utilizaban software sin licencia de compañías como Microsoft, Adobe Systems y Autodesk.
Según palabras de Luis Frutos, presidente del Comité Español de BSA, “esta decisión demuestra que, cada vez más, los juzgado mercantiles tienen en cuenta los graves perjuicios que el uso de software ilegal supone para los propietarios de los derechos de propiedad intelectual. Las empresas que utilizan productos sin autorización de propietario están incurriendo en un grave delito y al mismo tiempo están compitiendo de forma desleal con aquellas compañías que actúan dentro de la legalidad. Este es un buen ejemplo de los riesgos legales y financieros a los que se exponen muchas empresas por utilizar software sin licencia, sin contar con los riesgos operativos que asume en su funcionamiento un negocio por utilizar software pirata.
Cabe señalar que Galicia es la séptima comunidad autónoma con mayor índice de piratería de software. De hecho, y según el último informe de IDC, 4 de cada 10 programas utilizados por las empresas son adquiridos de forma ilegal. Un dato que va en consonancia con el hecho de que, según GFK,Galicia es la cuarta región con mayor índice de piratería en el canal de distribución, con un 29,7 por ciento.
