Contenidos digitales | Noticias | 22 FEB 2010

La piratería en España está fuera de control, según Estados Unidos

Tags: Piratería
La Ley de Economía Sostenible y los esfuerzos realizados por el Ejecutivo español para frenar la piratería en Internet no son razones suficientes para el Gobierno de Estados Unidos, quien ha decidido que España continúe en la lista de países a vigilar por no defender la propiedad intelectual.
Bárbara Madariaga

Denominada Lista 301, España continúa formando parte de los países cuyo respeto por los derechos de propiedad intelectual no es suficiente para las principales asociaciones de productores y editores de Estados Unidos.

Y es que estos colectivos son los que se encargan de elaborar la lista negra que se remite al Departamento de Comercio de Estados Unidos, y que recoge El Mundo, y que tiene la misión del que la Administración Obama presione a los países que forman parte de ésta.

Así, según la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) la piratería en España “está fuera de control” y recomienda que se anule el informe de de la Fiscalía, que, según el organismo, despenaliza las descargas ilegales a través de redes P2P. No obstante, ésta no es la única recomendación que realiza la Alianza, quien también insta al Gobierno a prohibir los “modchips” y dispositivos similares, y que se modifique la Ley de Protección de Datos con el objetivo de facilitar los procesos “tanto civiles como criminales”, o que se cambie la Ley de Servicios para la Sociedad de la Información (LSSI),  para establecer un sistema de aviso y retirada.

Otra de las medidas que España debería de adoptar, según la Alianza, afecta a la Ley de Propiedad Intelectual. En este sentido, el organismo considera que los daños y perjuicios se deben de valorar en función de la situación del mercado de copias originales.  

A pesar de las críticas, la IIPA alaba la intención del Gobierno de erradicar la piratería en Internet a través de la Ley de Economía Sostenible que permite que se cierren páginas web de descargas ilegales si se dispone de una orden judicial.

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