La Justicia condena a tres zaragozanos por piratería informática
La Sección Tercera de la Audiencia provincial de Zaragoza ha condenado a dos integrantes de la empresa CD Max Multimedia y a un tercer colaborador, a la pena de prisión de 6 meses y a pagar la cantidad de 54.550.006 pesetas, por delitos contra la propiedad intelectual.
En 1997, la Guardia Civil practicó varias diligencias de entrada y registro en los domicilios de los acusados en los que se incautaron disquetes y CD ROM que contenían copias de 430 programas de software, todos ellos no autorizados. Las empresas perjudicadas y propietarias del software pirateado fueron compañías miembros de Business Software Alliance, como Microsoft, Adobe System, y Autodesk, entre otras.
Según la sentencia judicial, "los acusados se dedicaban en sus propios domicilios a la reproducción de programas informáticos sin autorización de los titulares de los derechos de explotación, para su venta o distribución en disquetes o CD ROM a terceros, a precios inferiores a los del mercado".
Según el abogado de la acusación particular, Jordi Bertomeu García, esta sentencia confirma el buen funcionamiento de los mecanismos legales en defensa de los derechos de propiedad intelectual.
La reproducción y distribución de software ilegal en nuestro país acarreó el pasado año pérdidas de 47.500 millones para el sector. Esta cifra sitúa a España como el segundo país con mayor índice de piratería informática de toda la Unión Europea, después de Grecia.
En 1997, la Guardia Civil practicó varias diligencias de entrada y registro en los domicilios de los acusados en los que se incautaron disquetes y CD ROM que contenían copias de 430 programas de software, todos ellos no autorizados. Las empresas perjudicadas y propietarias del software pirateado fueron compañías miembros de Business Software Alliance, como Microsoft, Adobe System, y Autodesk, entre otras.
Según la sentencia judicial, "los acusados se dedicaban en sus propios domicilios a la reproducción de programas informáticos sin autorización de los titulares de los derechos de explotación, para su venta o distribución en disquetes o CD ROM a terceros, a precios inferiores a los del mercado".
Según el abogado de la acusación particular, Jordi Bertomeu García, esta sentencia confirma el buen funcionamiento de los mecanismos legales en defensa de los derechos de propiedad intelectual.
La reproducción y distribución de software ilegal en nuestro país acarreó el pasado año pérdidas de 47.500 millones para el sector. Esta cifra sitúa a España como el segundo país con mayor índice de piratería informática de toda la Unión Europea, después de Grecia.
