Contenidos digitales | Noticias | 05 FEB 2010

Internautas y autores defienden sus posturas ante la Ley Sinde

Tags: Piratería
Ayer fue un día de reuniones. Así, mientras que en Bruselas los representantes de Red SOStenible se reunían con la Comisión de Cultura y Educación de la UE, las asociaciones de usuarios de Internet y la Coalición de Creadores defendieron sus propuestas ante el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI). Y mientras, el presidente del Senado, el Fiscal General de Estado y el Secretario de Estado de Justicia mostraron su postura ante una Ley que continúa generando polémica.
Bárbara Madariaga

Las principales conclusiones que se desprenden de estas reuniones es que la Comisión de Cultura y Educación de la UE se mostró abierta a estudiar las propuestas de Red sostenible. De hecho, según declaraciones de los representantes de la plataforma, recogidas por Europa Press, durante la reunión “hubo un diálogo abierto y constructivo, más que el que podemos tener con el Ministerio en este momento”.

Según Red SOStenible, durante la reunión se propusieron “modelos de negocio exitosos y que funcionan los cuales sería absurdo no tener en cuenta”.

Mientras, en España, las principales asociaciones de internautas y las de los derechos de autor mantuvieron un encuentro con el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI). En él, cada parte defendió sus propuestas contra la piratería en Internet. En el caso de los internautas, éstos solicitaron “la derogación de las propuestas recogidas en el proyecto de ley”, así como la "eliminación del canon digital”. Opiniones que comparten, según el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, desde televisiones hasta radios pasando por empresas y sindicatos.

En el encuentro, la AI presentó 22.000 firmas contra las medidas promovidas por el Gobierno, de las que "13.000 proceden del grupo de ´Facebook que apoya el ´Manifiesto de Defensa de libertades en Internet´ y 9.000 vienen del portal Libertad 2.0”.

La postura contraria la representó Joan Navarro, director de la Coalición de Creadores, quien aseguró que “la mayoría de los asistentes al consejo apoyan la disposición del Gobierno para solucionar el problema de la piratería digital”. Asimismo, Joan Navarro recalcó que nuestro país se encuentra entre los países con “mayor piratería digital del mundo”, un problema que está haciendo que no se creen “entre 15.000 y 30.000 puestos de trabajo”.

La polémica llega a la justicia

Más allá de las reuniones mantenidas, el hecho de que el procedimiento judicial para el cierre de página Web se produzca en cuatro días ha hecho que el Consejo Fiscal se haya decidido a elaborar un informe acerca de los aspectos más polémicos de este anteproyecto de Ley.

Según palabras de Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado, los juristas tienen la obligación de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en el mundo de Internet”, aunque matizó que “estos derechos y libertades no pueden ser esclavos de la tecnología”. Asimismo, Conde Pumpido alertó de  los "riesgos serios a los que se enfrenta la sociedad debido al aumento de la cibercriminalidad”.

Y a los políticos

Y mientras, los políticos también toman partido. Así, el presidente del Senado, Javier Rojo, ha solicitado a todas las partes implicadas que “las conversaciones entre los representantes de los internautas y los creadores de los contenidos relativas a la aplicación de las leyes antipiratería lleguen a buen puerto", ya que en su opinión las nuevas medidas que se adopten deben satisfacer tanto a la industria tecnológica, comoa los usuarios de productos audiovisuales”.

 Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, reiteró la finalidad que a su entender tiene la regulación conocida ya como Ley Sinde. Por un lado, destacó que deberá proteger los "legítimos derechos de propiedad intelectual de los creadores, al tiempo que incidió en la necesidad de abrir un diálogo con los internautas”. Y es que, Juan Carlos Campo volvió a recalcar que esta Ley no va contra los usuarios de Internet y que “que nunca se procederá al cierre de las páginas web sin la intervención judicial”.

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