Google cumple con el "derecho al olvido"

Tras tres años de disputas legales, Google ha decidido acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y permitir que los usuarios puedan solicitar que sus datos sean borrados de Internet. Eso sí, para que un usuario pueda “desaparecer” de la red, se tiene que considerar que los resultados de búsqueda en la que aparezca su nombre “son inadecuados, no pertinente o ya no pertinentes o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados”.

Así lo señala Google, que ha habilitado un formulario para que los usuarios puedan solicitar que sus datos sean borrados. No obstante, Google informa de que evaluará “cada solicitud de forma individual e intentará buscar un equilibrio entre los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir información”. En este sentido, el buscador se regirá por criterios como conocer si la información está obsoleta o si existe interés público por esa información. En este último apartado, Google hace referencia a casos como estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del Gobierno.

Todos aquellos usuarios que deseen solicitar que sus datos sean borrados tendrán que incluir una copia de un documento de identificación (como el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte) con foto. Dicho documento tendrá que estar en vigor.

Larry Page, CEO de Google, ha sido uno de los más críticos con la sentencia del Tribunal Europeo. Según publica Financial Time, Larry Page considera que la decisión del TJUE va a ser un obstáculo para todas las star-ups de Internet, que van a tener que hacer frente a normativas legales más complejas. Es más, en su opinión, si la sentencia se hubiera emitido cuando Google todavía “eran tres personas en un garaje” probablemente el buscador no hubiera llegado a donde ha llegado.

 A mitad de mayo, el TJUE dio la razón a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) quien comenzó una lucha judicial contra Google a finales de 2011. Tras llevar el caso a la Audiencia Nacional, ésta decidió que fuera el TJUE el que dictara sentencia al considerar que el “derecho al olvido” afecta a todos los ciudadanos europeos. El organismo, finalmente, consideró que el gestor de un motor de búsqueda en Internet es el responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas Web publicadas por terceros.