Empresas de TI y consumidores, contra el canon digital
La piratería en Internet continúa generando polémica, y, en esta ocasión le toca el turno al canon digital. Así, diversas asociaciones de empresas de tecnología y consumidores han exigido, ante el Congreso de los Diputados, la reforma de este "impuesto" antes de que acabe la legislatura.
El presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, ha comparecido ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados para aportar la visión de los consumidores sobre este tema y pedir alternativas a los actuales sistemas de compensación.
A pesar de que Fernando Móner mostró su apoyo a la lucha contra la piratería, éste recalcó que “esta lucha no puede ser a cualquier precio y, menos aún, por encima de los derechos de los consumidores”. Así, y en opinión de CECU, “el objetivo debe ser la búsqueda de una solución que proteja a los creadores pero que no genere una desprotección entre los ciudadanos y otros sectores de la sociedad”.
En este sentido, Fernando Móner se mostró contrario al “actual sistema de compensación, conocido como canon digital, y que, en la práctica, supone aceptar que el consumidor no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que directamente es culpable y debe pagar por adelantado, independientemente del uso que haga de los diferentes sistemas y soportes”.
De hecho, en su opinión, “la compensación por copia privada dista mucho de ser un sistema justo y equitativo para los consumidores y usuarios” y considera que es necesaria "una regulación adecuada que se adapte a la realidad de nuestro tiempo”.
En esta línea, CECU ha hecho también hincapié en “la falta de control y transparencia de las entidades que gestionan estos derechos y que cobran unas tarifas generales que no están sujetas a la previa o posterior aprobación por el Ministerio de Cultura. Estas entidades de gestión tienen ademásel poder para actuar de oficio y denunciar a quienes ellas consideren infractores sin que exista un control público en este ámbito, salvo que se acuda a un procedimiento judicial”.
En opinión de la CECU las líneas de actuación que se deben de seguir son “dotar de mucha más transparencia a las entidades de gestión, disponer de un mayor control y supervisión de las tarifas, reducir los costes que supone el canon digital, crear órganos de control dentro de la Administración que puedan supervisar y reglamentar las actuaciones de estas entidades y garantizar las buenas prácticas en las misma, tomar en consideración el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, y contar con la participación ciudadana para un seguimiento permanente en la relación de los derechos de autor y el desarrollo de las nuevas tecnologías”.
Opinión de AETIC
Por su parte, el presidente de AETIC, Jesús Banegas, también abogó por un mayor control”, además de que, en su opinión, se debe de buscar nuevas formas de explotación de contenidos, además de que “la justicia debe de ser más eficaz cuando se cometa un delito, frente a otras formas más cómodas de proteger la propiedad intelectual, como a su juicio es el canon digital”.
A pesar de que Fernando Móner mostró su apoyo a la lucha contra la piratería, éste recalcó que “esta lucha no puede ser a cualquier precio y, menos aún, por encima de los derechos de los consumidores”. Así, y en opinión de CECU, “el objetivo debe ser la búsqueda de una solución que proteja a los creadores pero que no genere una desprotección entre los ciudadanos y otros sectores de la sociedad”.
En este sentido, Fernando Móner se mostró contrario al “actual sistema de compensación, conocido como canon digital, y que, en la práctica, supone aceptar que el consumidor no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que directamente es culpable y debe pagar por adelantado, independientemente del uso que haga de los diferentes sistemas y soportes”.
De hecho, en su opinión, “la compensación por copia privada dista mucho de ser un sistema justo y equitativo para los consumidores y usuarios” y considera que es necesaria "una regulación adecuada que se adapte a la realidad de nuestro tiempo”.
En esta línea, CECU ha hecho también hincapié en “la falta de control y transparencia de las entidades que gestionan estos derechos y que cobran unas tarifas generales que no están sujetas a la previa o posterior aprobación por el Ministerio de Cultura. Estas entidades de gestión tienen ademásel poder para actuar de oficio y denunciar a quienes ellas consideren infractores sin que exista un control público en este ámbito, salvo que se acuda a un procedimiento judicial”.
En opinión de la CECU las líneas de actuación que se deben de seguir son “dotar de mucha más transparencia a las entidades de gestión, disponer de un mayor control y supervisión de las tarifas, reducir los costes que supone el canon digital, crear órganos de control dentro de la Administración que puedan supervisar y reglamentar las actuaciones de estas entidades y garantizar las buenas prácticas en las misma, tomar en consideración el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, y contar con la participación ciudadana para un seguimiento permanente en la relación de los derechos de autor y el desarrollo de las nuevas tecnologías”.
Opinión de AETIC
Por su parte, el presidente de AETIC, Jesús Banegas, también abogó por un mayor control”, además de que, en su opinión, se debe de buscar nuevas formas de explotación de contenidos, además de que “la justicia debe de ser más eficaz cuando se cometa un delito, frente a otras formas más cómodas de proteger la propiedad intelectual, como a su juicio es el canon digital”.
