| Noticias | 06 MAY 2009

La justicia ante el reto del software ilegal

Tags: Histórico
A pesar de las campañas de concienciación y de la acción policial, lo cierto es que la piratería de software informático en España sigue provocando estragos. BSA, Microsoft y Landwell PWC han debatido acerca de cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y que se centran en una legislación confusa, un sistema judicial sin recursos o una permisividad social elevada.
Bárbara Madariaga

Lo cierto y es que, en opinión de José Manuel Maza, magistrado del Tribunal Supremo, para que la piratería informática deje de ser un problema que afecta la tejido empresarial y social español se tendrían que cambiar varias cosas. “La primera de ellas el sistema judicial”. Y es que, al parecer, “los delitos telemáticos no suelen llegar nunca al Tribunal Supremo”. Asimismo, el hecho de que no sean percibidos por la sociedad “con la misma intensidad que otros delitos” también es otro de los obstáculos que se deberían de salvar.

No obstante, para Juan Manuel Maza “lo más importante es que estos delitos estén bien tipificados. El artículo 270 del código penal realiza una descripción poco clara del delito, con lo que muchas veces se entorpece las labores de investigación de la misma”. El hecho de que la Guardia Civil o la Policía Nacional "necesiten una órden judicial" para casi todo "entorpece la labor que están realizando".

En este sentido, Txema Arnedo, director de propiedad intelectual de Microsoft, señaló que en el caso de la multinacional estadounidense, “tuvimos que dejar de denunciar por la vía civil y pasar a la penal. La razón es que las penas civiles eran casi ridículas, con lo que no se conseguía los fines deseados y que consistían en que sirvieran de elemento disuasorio a otras empresas”.

Si continuamos con los problemas a los que se enfrenta la erradicación de la piratería en España, la cuestión cultural fue señalada por Luis Frutos, presidente de la BSA, como una de las principales. Eso junto al hecho de que “en España la gente se niega a denunciar a aquellos distribuidores que comercializan software ilegal”, señaló Txema Arnedo, quien además puntualizó que “aunque la responsabilidad del canal de distribución en el uso del software pirata es importante, lo cierto es que en los últimos tiempos estamos comprobando cómo son las propias empresas las que reclaman a las tiendas de informática que instalen software ilegal”.

Por su parte, Javier Ribas, abogado-socio de Landwell-PWC, apuntó que “las empresas, en muchos casos, no se dan cuenta de los problemas que les puede acarrear utilizar software pirata y que les puede llevar a tener una responsabilidad civil asociada al delito, independientemente de que sean sus empleados los que se descargan software ilegal a través del peer-to-peer, o que utilicen software pirata”.

Además, Javier Ribas también señaló que “el tan extendido uso de software ilegal en España ha hecho que en un informe anual de Estados Unidos señalen a España como un país que tiene que estar en vigilancia. Este hecho conlleva a que las inversiones que se pueda realizar en España se vean afectadas”.

En resumen, Tanto José Manuel Maza, como Javier Ribas, Txema Arnedo y Luis Frutos, afirmaron que los aspectos a mejorar se centran en tres. Se debería de eliminar la circular de 2006 que despenalizaba el intercambio peer to peer, se debería de mejorar la situación actual de legislación, y, por último, se debería de dotar de más medios a los juzgados, “ya que no dan abasto”, y potenciar la formación en delitos telemáticos.

Por último, cabe señalar que Luis Frutos se refirió a la labor que está realizando la SGAE, “con la que compartimos la defensa de la propiedad intelectual, pero estamos en desacuerdos con otros aspectos como el canon digital. Desde la BSA consideramos que deberían de realizar un cambio de estrategia”.

 

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