| Artículos | 01 SEP 2005

¿Hacia el Gran Hermano?

Tags: Histórico
La Policía demanda mayor control sobre teléfonos móviles e Internet para evitar atentados como los de Londres
Bárbara Madariaga.
Primero fue Nueva York, luego Madrid y por último Londres. Después de cada atentado la polémica surge. ¿Se pudieron evitar? Con el fin de que el sufrido en la capital de Gran Bretaña sea el último, las autoridades policiales reclaman mayores competencias a la hora de vigilar tanto Internet, como los mensajes de correo electrónico o las llamadas que se puedan realizar desde un determinado teléfono móvil. Seguridad, ¿a qué precio?

16 meses después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, el terrorismo islámico ha vuelto a golpear el corazón de Europa. Esta vez ha sido en Londres, el 7 de julio, y las alarmas han vuelto a saltar en todo el Viejo Continente.
Como ya ocurrió en su momento después de los ataques a las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, y de los de Madrid, el 11 de marzo, tanto los diferentes Gobiernos, como las Policías, reclaman mayores controles de seguridad para prevenir esta amenaza que cada vez preocupa más a la sociedad y que, a tenor de los últimos acontecimientos, puede golpear a cualquier ciudad del “mundo occidental”.
Pues bien, las medidas no sólo afectan a una mayor cooperación entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, sino que también afectarán, en caso de que se aprueben, a la telefonía móvil y los mensajes de correo electrónico.

Medidas polémicas
En un primer momento, estas propuestas no fueron muy bien recibidas por varios sectores, aunque desde la Policía se asegura que es necesario tomar ciertas medidas si se quiere prevenir posibles atentados.
Pues bien, la iniciativa partió de unas declaraciones de Charles Clarke, Ministro del Interior de Gran Bretaña, el cual aseguró que “los atentados del pasado jueves en Londres ponen en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad hasta nuevos límites”.
Las medidas de seguridad afectan a las llamadas que se puedan realizar desde un teléfono móvil, así como los mensajes de texto que se envíen o los mensajes de correo electrónico. Según el máximo responsable de la cartera de Interior del Reino Unido, “es crucial que se pueda tener acceso a los mismos con el fin de prevenir futuros atentados”.
“Los registros de telecomunicaciones, sean por teléfono o correo electrónico, que revelan qué llamada se hizo desde que número a qué otro número y a qué hora, son de mucha utilidad para los servicios de seguridad”, argumentó Charles Clarke, que continuó asegurando que, “no me refiero al contenido de las llamadas, sino al hecho de que se hiciera la llamada en cuestión”.
Asimismo, recomendó a las empresas de telecomunicaciones que conserven los registros de llamadas “por algún tiempo” y se los faciliten a la Policía, “siempre que les sea requeridos”.

¿Entrará en octubre?
Estas iniciativas fueron propuestas a la Unión Europea escasamente una semana después de los atentados de Londres, y lo cierto es que fue bien acogida por todos los países miembros (incluido Alemania, estado que más reticente se mostró en un primer momento). De esta forma, a priori, la normativa tendrá carácter obligatorio, por lo que los Estados miembros que se nieguen a retener los datos telefónicos y de los operadores de Internet podrían ser objeto de un procedimiento de infracción, en contra de la actual Decisión marco sobre el mismo tema, todavía en fase de discusión debido a los altos costes para las compañías de telecomunicaciones.

El caso de España
Lo cierto es que sufrir atentados de este calibre no es una situación desconocida para los españoles, al igual que tampoco es desconocido para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de España luchar contra el terrorismo.
Pues bien, los diferentes organismos policiales, con los sindicatos a la cabeza, apoyaron las mediadas que quiere aprobar el Reino Unido, a pesar de que para muchos sea un recorte de las libertades individuales. De esta forma, los dos principales sindicatos de la Policía Nacional, SUP y CEP, afirmaron a mediados de julio que “España debe estudiar, cómo va a hacer el Reino Unido, reformas que permitan supervisar comunicaciones y bases de datos con el fin de combatir el terrorismo islamista y prevenir atentados como los del 11-M o los de Londres”.
Las medidas que a su juicio deben de ser revisadas se centran en la concesión, más rápida, de permisos para intervenir teléfonos móviles, o que los agentes puedan tener acceso a las bases de datos de las compañías de telecomunicaciones.

¿Recorte de libertades?
El recorte de las libertades individuales es el principal obstáculo para que estas medidas se aprueben o no. Ante esta pregunta, José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, afirmó que de ser aprobadas, éstas no tienen que considerarse como “recortes de derecho de los ciudadanos, ya que las víctimas de las acciones terroristas han perdido su derecho primordial, que es la vida”.
Eso sí, los sindicatos admiten que estas medidas deben de ser controladas por los jueces, aunque reiteran la necesidad de que exista un mayor control policial.
Asimismo, Internet también se ha convertido en otro de los objetivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que demandan un mayor número de agentes que se dediquen a rastrear la Red con el fin de encontrar páginas donde los terroristas “proclamen sus consignas”.
Y si hablamos de las declaraciones de los países miembros de la Unión Europea, Charles Clarke, afirmó que la lección aprendida de Madrid en 2004 y de los atentados en Londres consiste en que “debemos solucionar, resolver estos problemas. Los ciudadanos aceptarán algunos sacrificios en su libertad en ciertas circunstancias si se les asegura transparencia para entender el porqué”.
Por su parte, el responsable de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, Franco Frattini, aseguró que él no ve “ninguna contradicción” entre garantizar una mayor seguridad y proteger al mismo tiempo los derechos individuales. “Vamos a presentar una iniciativa sobre retención de datos en septiembre que contemple la protección de datos”.Por último, José Antonio Alonso, Ministro del Interior de España, quiso recordar que estas medidas no afectarán al contenido de las llamadas o de los mensajes de correo electrónico, ya que la propuesta “se refiere únicamente a las informaciones relativas al usuario y el receptor, lugar de la conexión o aparato utilizado”.

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