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Europa pide que se compense a las operadoras y proveedores de Internet por su lucha contra el terrorismo

La Comisión Europea se muestra partidaria, y así lo ha manifestado públicamente, de que las operadoras de telecomunicaciones y las compañías proveedoras de acceso a Internet sean recompensadas por los costes extraordinarios en los que han de incurrir por tener que recoger y almacenar datos para ayudar a las fuerzas de seguridad de los Estados miembros a la hora de luchar contra el terrorismo.

El Comisario europeo de justicia y seguridad, Franco Frattini, es el encargado de presentar una propuesta legislativa por la que se obliga a las operadoras a recopilar y almacenar los datos de las llamadas durante un máximo de 12 meses y a los ISP durante medio año.

Esta propuesta, que ha recibido el visto bueno de los gobiernos de la Unión Europea y de los miembros del parlamento europeo, también reclama que estas empresas sean recompensadas por los gobiernos nacionales por los costes adicionales en los que tienen que incurrir las compañías.

Sin embargo, las operadoras siguen mostrándose preocupadas porque esta ley les impone unas cargas injustificadas, según estas empresas. “Necesitamos dialogar más con las instituciones europeas para asegurar que las medidas propuestas son proporcionadas y efectivas para las fuerzas de seguridad”, reclama Thierry Dieu, portavoz de la Asociación de Operadoras de Telecomunicaciones Europeas (ETNO, por sus siglas en inglés).

“Los problemas crecen por el hecho de que tengamos que actualizar nuestra red para recoger estos datos, que actualmente no son recabados para fines comerciales”, añade.

Esta propuesta ha sido ampliamente debatida en el seno de la Unión Europea como respuesta a los atentados sufridos, tanto en Madrid como en Londres. Si se aprueba finalmente la propuesta de la Comisión, los datos que deberán guardarse, entre otros, serán: la fuente y destinatario de las llamadas, el día, hora y duración de las llamadas, el tipo de comunicación, de dispositivo empleado y la localización del teléfono.

Se espera que los ministros de interior de la Unión Europea discutan en octubre esta propuesta, por lo que podría llegarse a un acuerdo a finales de año. Los estados miembros tendrán entonces 15 meses para que estas medidas sean efectivas en sus respectivos países.


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