| Noticias | 07 SEP 2010

El software ilegal cuesta casi medio millón de euros a las empresas españolas

Tags: Seguridad
El coste total para las compañías por utilización de software pirata fue de unos 460.000 euros en los primeros seis meses, un 7,7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
Computerworld

Business Software Alliance (BSA), asociación que representa a la industria del software en la defensa de sus derechos de Propiedad Intelectual, ha anunciado que el coste medio por utilización de software ilegal para las empresas españolas (indemnizaciones por perjuicios, más regularizaciones) asciende a 76.271 euros, según datos del primer semestre de 2010. Ello implica que el coste medio por cada ordenador con software ilegal alcanza los 4.950 euros. En total, fueron 92 los ordenadores intervenidos con software pirata en los 6 registros realizados en el primer semestre de 2010.
En estos primeros seis meses el año, BSA en España ha recibido 231 denuncias que han dado lugar a 153 acciones legales contra empresas, distribuidores y entidades que vulneraron los derechos de autor del software, consecuencia de las cuales las compañías españolas implicadas en dicha actividad ilegal han tenido que hacer frente a un total de 457.624 euros de costes, un 7,7  por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
El coste total se obtiene de la suma del valor de las indemnizaciones por perjuicios por el software pirata detectado, que ascendió a 257.659 euros, y los 199.965 euros por regularizaciones por adquisición de software legal para sustituir al ilegal intervenido y continuar con la actividad de la empresa, y sin incluir los costes de los procesos judiciales.
BSA informó también de que, entre enero y junio de 2010, llevó a cabo 3.102 acciones legales en Europa, Asia y África. El coste para las empresas por el uso de software sin licencia estuvo cerca de alcanzar la cifra de 10 millones de dólares, de los que 4 millones de dólares correspondieron a pagos por los daños ocasionados y 5,9 millones de dólares a la compra de software legal, sin tener en cuenta los costes de los procesos judiciales.

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