El cierre de páginas web, a debate
Los principales estamentos políticos, sociales y económicos de nuestro país continúan con el debate sobre la posibilidad del cierre de páginas web de descargas ilegales. Así, mientras el Consejo Fiscal analiza la implicación que la Ley de Economía Sostenible va a tener en los juzgados españoles, el Congreso de los Diputados vota una moción interpuesta por el Partido Popular antes de las vacaciones de Navidad.
La polémica continúa. Y es que, al parecer, el cierre de páginas web de descargas ilegales por parte de un juez no acaba de convencer. De hecho, el Consejo Fiscal se encuentra sometiendo a debate su informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica, que aunque no es vinculante, se une al realizado a los mismos efectos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, y a pesar de que el CGPJ se mostró de acuerdo con que sea un juez el que decida acerca del cierre de una determinada página, matiza que esto supondrá una “importante carga adicional de trabajo” para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno, que otorga la competencia de este asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Y mientras los jueces discuten, el Congreso de los Diputados también se encuentra en inmerso en un debate que tiene a Internet y la Ley como eje.
De esta forma, la Cámara Baja vota acerca de una moción presentada por el Grupo Popular en el último pleno del año, y que exige garantías de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas sobre contenidos en páginas web “para impedir actuaciones arbitrarias que atenten contra la libertad y los derechos de los ciudadanos”.
En concreto, el Partido Popular (PP) quiere que el Gobierno “impulse un escenario de seguridad jurídica en Internet, que garantice un equilibrio entre, por un lado, la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual y, por otro, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos así como los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva; y, en todo caso, con la garantía de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos”.
Así, y a pesar de que el CGPJ se mostró de acuerdo con que sea un juez el que decida acerca del cierre de una determinada página, matiza que esto supondrá una “importante carga adicional de trabajo” para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno, que otorga la competencia de este asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Y mientras los jueces discuten, el Congreso de los Diputados también se encuentra en inmerso en un debate que tiene a Internet y la Ley como eje.
De esta forma, la Cámara Baja vota acerca de una moción presentada por el Grupo Popular en el último pleno del año, y que exige garantías de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas sobre contenidos en páginas web “para impedir actuaciones arbitrarias que atenten contra la libertad y los derechos de los ciudadanos”.
En concreto, el Partido Popular (PP) quiere que el Gobierno “impulse un escenario de seguridad jurídica en Internet, que garantice un equilibrio entre, por un lado, la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual y, por otro, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos así como los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva; y, en todo caso, con la garantía de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos”.
