| Noticias | 16 FEB 2005

Defienden la confidencialidad de los datos como un derecho constitucional

Tags: Histórico
Un influyente político japonés sugiere que el derecho a la intimidad de la información sea incluido en la propuesta de revisión de la constitución del país del sol naciente. Según este político, Yukio Hatoyama, los ciudadanos deben tener el derecho constitucional de saber qué datos tienen las instituciones (tanto públicas como privadas) y qué uso hacen de ellos.
Arantxa Herranz
“Mi propuesta pide que la colecta de este tipo de información, su almacenamiento, utilización y transferencia requieran consentimiento o validez mediante una ley para determinadas circunstancias o que, en caso contrario, sean prohibidas este tipo de actuaciones”. Yukio Hatoyama, parlamentario en la Casa de los Representantes, es el antiguo líder del principal partido de la oposición japonés, el Partido Demócrata.

En su exposición, justifica la revisión de la constitución. Unos argumentos que ha plasmado en un libro y cuyos comentarios han suscitado gran interés público en el país nipón debido a la cantidad de información personal de los ciudadanos que tienen las instituciones públicas y empresas privadas.

Las personas deberían tener el derecho de saber qué información sobre ellas ha sido recopilada y cuándo es utilizada, además de poder pedir la rectificación de los datos si son incorrectos, según Hatoyama.

Los ciudadanos japoneses suelen mostrarse menos preocupados que los de los países occidentales sobre la información personal que tienen las autoridades. Muchos de estos ciudadanos proporcionan datos de manera voluntaria sobre sus familias y pocos son los que muestran reticencias cuando una empresa privada les exige algún tipo de documento de identificación. Sin embargo, parece que estas tendencias están cambiando, aunque sea poco a poco.

De hecho, se están modificando ya algunas leyes para evitar que los datos personales de los ciudadanos japoneses sean utilizados de forma “fraudulenta”. Sin embargo, esto no es suficiente, según Hatoyama, quien reclama que debe ser un derecho constitucional.

Cabe señalar que la Constitución Japonesa está en vigor desde el 3 de mayo de 1947. Cuando van a cumplirse 60 años de su entrada en vigor, como consecuencia de los cambios políticos que se están produciendo en el este asiático y del envío de tropas a lugares en guerra como Irak, se está produciendo un movimiento que reclama la revisión del texto consitutucional.





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