| Noticias | 05 FEB 2009

Asimelec exige al Gobierno que cumpla la Ley de plazos de pago

Tags: Histórico
Si ayer informábamos sobre la situación de las PYMES en lo que a los problemas que se están encontrando para conseguir financiación se refiere, hoy le toca el turno a Asimelec, quien ha demandado al Ministerio de Administraciones Públicas que ponga freno al problema de la morosidad en los pagos por parte de la Administración, tanto General de Estado como Autonómica.
Bárbara Madariaga
Y es que en opinión de Martín Pérez, presidente de la patronal, “en estos tiempos de recesión y por ende, de mayores dificultades económicas y necesidades financieras para todas las empresas  que realizan gran parte de sus actividades comerciales con las distintas Administraciones Públicas, este grave problema se vuelve todavía más acuciante. Además, el retraso y la morosidad en los pagos por parte de las Administraciones Públicas, tanto General del Estado como Autonómica o Local, en esta última de forma más extrema aún si cabe, origina un gran desasosiego en el día a día de la actividad de las empresas asociadas.”

Asimelec ha demandado a la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que se cumplan estrictamente los plazos de pago que establece la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, aprobada a finales del año 2004, y que establece períodos de pago de 30 días para las empresas y de 60 días para las Administraciones Públicas, pero, según la Patronal, no se ha detectado que los efectos que perseguía esta Ley hayan tenido impacto.

Asimelec reclama que estos plazos sean una condición contractual realmente vinculante y su estricto cumplimiento, ya que, “ayudaría en gran medida a solventar las dificultades de tesorería y de rentabilidad que padecen muchas empresas tanto en el sector TIC como en multitud de sectores de la economía española”.

Según revela la patronal, muchas empresas que padecen plazos de pago de más de 180 días, no reclaman o denuncian estas practicas abusivas por temor a perder negocio o causar malestar a sus clientes.

Por su parte, José Pérez, director general de Asimelec, afirma que “teniendo en cuenta la situación económica actual de recesión, el no cumplimiento de los plazos que establece esta Ley, perjudica aún más a la competitividad de nuestras empresas, ampliando aún más el diferencial con otros países de Europa, lo que debilita la salud económica de las compañías españolas, debido a la gran necesidad financiera que precisan”.

 

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